El peronismo reunificado se propuso llegar al 55 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de octubre. El objetivo de la principal fuerza opositora no pasa centralmente por derrotar a Mauricio Macri, al que ya considera vencido por el resultado contundente de las PASO, sino por consolidar en las urnas un poder político que se referencie en Alberto Fernández. Bajo esta concepción, lo que está ahora en juego es la construcción de un nuevo liderazgo de mayorías.
Así pueden comprenderse algunos tiros al fleje –como se denomina en el tenis a los impactos que van al límite de la cancha- que hizo el candidato del Frente de Todos. El último de ellos fue ante el influyente Wall Street Journal, en una entrevista en la que advirtió que la Argentina está en “un default virtual y escondido”. El argumento de Alberto es que el Fondo Monetario está tapando con sus desembolsos la imposibilidad del Gobierno de financiarse en el mercado de capitales.
Si bien el candidato opositor venía haciendo esa misma declaración desde antes de las PASO, también es cierto que el escenario actual es mucho más delicado: el viernes el dólar cerró a $62 y el riesgo país trepó por encima de los 2.500 puntos básicos. Entonces, una parte del problema es que Alberto busca sacar músculo político en medio de un tembladeral macroeconómico. Tal vez por eso saldrá de escena esta semana con un oportuno viaje a España y también a Portugal.
El problema mayor, sin embargo, radica en el Gobierno. Macri afronta una situación de debilidad política que atenta contra sus posibilidades de capear la inestabilidad cambiaria. Ya no se trata de una crisis de confianza, como ocurrió con la corrida de 2018, sino de la reacción de los mercados –que son los grandes jugadores, pero también los pequeños ahorristas- ante el fracaso político de Cambiemos y el inminente regreso del peronismo al poder, con sus antecedentes a cuestas.
De hecho, un aspecto determinante del debate pasa ahora por la necesidad –o no- de implementar controles al mercado cambiario. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lo puso en el menú de posibilidades, pero el Presidente rechaza medidas que lo emparenten al “cepo” que aplicó el último gobierno de Cristina Kirchner (2011-15) y que su administración levantó ni bien llegó al poder. No obstante, el Banco Central avanza con una política más intervencionista.
El “shock” que se viene
Por caso, acaba de ordenar a los bancos que le soliciten permiso para autorizar el envío de utilidades a sus casas matrices en el exterior. La autoridad monetaria utilizará además desde este lunes una estrategia más agresiva para frenar la suba del dólar: en lugar de hacer pequeñas subastas diarias, pondrá sobre la mesa US$ 5.000 millones en la apertura de cada rueda. Será una política de “shock” sobre la cual la Rosada y Hacienda tuvieron que convencer a Guido Sandleris.
El presidente del BCRA vio cómo en la última semana se perdieron reservas internacionales por US$ 1279 millones, pese a lo cual la divisa norteamericana no detuvo su carrera alcista. Por esa canaleta ya se fueron en un año los desembolsos que hizo el FMI por US$ 38.577 millones, según datos de Hacienda al 4 de junio pasado. Por eso se generaron algunas dudas sobre el próximo desembolso del organismo, que de acuerdo a lo pactado constaría de otros US$ 5.400 millones.
Al ritmo actual de fuga, esa suma se evaporaría en un mes. Los números en rojo llevaron al ministro Lacunza a “reperfilar” la deuda con tenedores locales, con lo cual el Tesoro dispondría de unos US$ 8.000 millones extra para cauterizar la sangría de reservas. El funcionario enviará el proyecto mañana al Senado, pero aún no está claro que contará con el apoyo de la oposición. Ya intercedieron en su favor la gobernadora María Eugenia Vidal y el alcalde porteño Larreta.
Vidal le hizo llegar un mensaje a Alberto Fernández a través de Sergio Massa, mientras que Larreta pidió apoyo para Lacunza por medio de dirigentes del PJ porteño. Otros emisarios fueron el economista Carlos Melconian y el ex ministro Luis “Toto” Caputo, quien reapareció en los despachos oficiales. Pero más allá de estos puentes tendidos, Alberto tiene un enfoque político sobre el asunto, que consiste en responsabilizar de la crisis a Macri y especialmente al FMI.
En las oficinas del Frente de Todos de la calle México, en el barrio porteño de San Telmo, el principal aspirante a la Presidencia suele advertir a sus interlocutores que el Fondo “financió la campaña electoral más cara de la historia”. A ninguno de los que hablan cotidianamente con Alberto le sorprendió, por ende, la dureza del comunicado que emitió tras la reunión con los técnicos del FMI. El texto contiene sus propias palabras, a tal punto que lo redactó él mismo.
La personalidad de Alberto
La duda que genera en algunos sectores la personalidad política de Alberto –si será un moderado o un radicalizado al estilo de Cristina- resulta lógica, aunque habría que pensar que Fernández es el exponente de una coalición que involucra a distintos espacios del peronismo y que, por lo tanto, debe hacer equilibrio entre esos aliados. Para decirlo claramente: la visión de Cristina no es la misma que la de Massa; y los gobernadores, con gestión a cargo, transitan por otro andarivel.
Son los múltiples rostros que históricamente tuvo el peronismo los que vuelven a reflejar la situación actual, en la que Alberto busca forjar su liderazgo. El acuerdo entre los principales referentes de la coalición peronista es que las diferencias serán acalladas en lo que resta de la campaña electoral y permanecerán puertas adentro durante los primeros tiempos del eventual nuevo gobierno. Están frente a la necesidad de un equilibrio forzado por las circunstancias.
Pero si hay algo que está claro para estos socios por conveniencia política es que el próximo presidente no tendrá margen para gobernar rodeado de un pequeño grupo cerrado, como sucedió con Cristina y La Cámpora o Macri y la mesa chica del PRO. Por eso es que el incipiente albertismo aspira a alcanzar el 55% de los votos el 27 de octubre, para gobernar con mayoría en el Congreso y sentarse a la negociación con el FMI en una situación de fortaleza política que nunca tuvo Macri.
El Presidente tiene ahora objetivos de cortísimo plazo. En la semana habló con Donald Trump, el mandatario norteamericano cuyo aval es clave para que el Fondo siga apoyando a la Argentina, mientras lidia con la Iglesia y las organizaciones sociales que -¿en forma coordinada?- le reclaman la declaración de una “emergencia alimentaria” por los efectos inflacionarios de la devaluación. La impresión generalizada es que la cotización del dólar condiciona su futuro político inmediato.
¿Flexibilizará el Presidente sus convicciones económicas y autorizará el control de cambios si la sangría de las reservas se profundiza? Esa pregunta circula tanto en sectores oficialistas como opositores. En el comienzo de septiembre, en lo único que se ponen de acuerdo en ambos campamentos es en rechazar al adelantamiento de las elecciones, pero hay dirigentes que exploran anticipar la toma del mando cuando el país ya cuente con un presidente electo.
Otra vez, la Argentina se encuentra en medio de una crisis de proporciones. La inestabilidad económica ya tuvo un efecto político –el resultado de las elecciones- y ahora presenta un desafío en el plano institucional. La sociedad vuelve a mirar a la dirigencia y a sí misma con cierta dosis de frustración, por la cíclica recurrencia de sus penurias.
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