Llevaron el congelamiento de las naftas a la Corte

Las provincias petroleras Neuquén, Río Negro y La Pampa presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pedido de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el congelamiento del precio del petróleo por 90 días, al argumentar que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones.
A estas tres provincias se sumará mañana Santa Cruz, según fuentes de la gobernación de Alicia Kirchner, mediante “un amparo con medida cautelar” para evitar pérdidas estimadas entre $300 y 500 millones mensuales en ingresos por regalías.
Las tres provincias participaron ayer de la reunión en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la que 19 distritos analizaron el impacto de las medidas de la Nación sobre sus recursos y ayer formaron parte del encuentro para analizar la medida con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y su par de Interior, Rogelio Frigerio.
En un documento, los mandatarios aclararon que no están en contra de las medidas que puedan paliar la “grave situación económica” que atraviesa el país, aunque criticaron la “manera inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas”.
Tal como había adelantado el gobernador Omar Gutiérrez, Neuquén pidió esta mañana ante la Corte la nulidad del DNU 566 por considerar que “modifica inconstitucional y arbitrariamente el precio de las operaciones de venta de petróleo crudo y -consecuentemente- la base de cálculo para la liquidación y pago de las regalías petrolíferas”.
“El Poder Ejecutivo Nacional se arrogó el ejercicio de facultades legislativas exclusivas del Congreso, violentando de forma directa el procedimiento que prevé la Constitución Nacional”, aseguró el escrito presentado por el fiscal de Estado de la Provincia, Raúl Miguel Gaitán. El gobierno neuquino estimó que las pérdidas de regalías serán por un monto estimado de $1.830 millones durante la vigencia del DNU, a razón de 610 millones por mes.
En el mismo sentido planteó que la medida “puede tener mayor impacto a mediano y largo plazo pues, aunque su vigencia alcanza a 90 días, el cambio en las condiciones regulatorias del mercado de hidrocarburos puede socavar el principio de confianza legítima por la creciente incertidumbre sobre el entorno de negocios en el que se desarrollará la actividad”.
Por su parte, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck anunció que su provincia concretó ayer la presentación de la medida cautelar ante la Corte Suprema para evitar la aplicación del decreto y que “se perjudique las finanzas de la provincia”.
“Por las medidas nacionales, la provincia de Río Negro y los municipios dejarán de percibir unos $1.000 millones; las provincias que no son productoras de gas y petróleo no perderán tanto, y en otras que producen más el impacto será mucho más fuerte”, recordó Weretilneck. Luego del mediodía, la provincia de La Pampa se expresó en el mismo sentido.