Anularon el procesamiento a De Vido en una causa por obras de Odebrecht

La Cámara Federal porteña anuló ayer los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas como José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime, en la causa que investiga delitos en la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que ordenó al juez del caso Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado, según el fallo al que accedió Télam.
Con esta decisión también se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en el caso.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de “fundamentos”.
La investigación “está orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno de la Línea Sarmiento”, recordaron.
Este “acto administrativo que benefició al consorcio integrado –según anterior denominación- por las firmas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA”. Los jueces remarcaron que se procesó a los entonces funcionarios por haber tenido incidencia en esa adjudicación irregular pero “no así a los particulares beneficiados”.
“El hecho que se tuvo por probado es el direccionamiento de la contratación pública de la obra Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en favor de determinados empresarios”, remarcaron.
Según el fallo de Martínez De Giorgi “la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de abultadas sumas de dinero a la UTE, mediando modificaciones sustanciales de los términos en que fue inicialmente pautado todo”.
En base a este panorama “hay cosas que la sentencia necesariamente tenía que analizar y no analizó”.
Así lo advirtieron Irurzun y Bruglia.
Entre ellas destacaron “si la afirmada acción de los funcionarios públicos de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros”.