En contra de bajar la edad de imputabilidad

El proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años siguió sumando ayer voces a favor y en contra de dar el debate. Luego de que se conociera que el gobierno nacional prepara una iniciativa en ese sentido para enviar al Congreso, jueces vinculados a los temas de minoridad y familia salieron a rechazar la idea por falta de presupuesto en la justicia, al tiempo que sectores de la oposición ya manifestaron su visto bueno para dar inicio a un debate de estas características.
El secretario general de la Asociación Argentina de Magistrados de Adolescencia y Familia (Ajunap), Gustavo Moreno, sostuvo que la iniciativa del gobierno “no va a tener incidencia en la seguridad”, y alertó sobre la falta de presupuesto para implementar el sistema.
Moreno, tras aclarar que el proyecto no está aún oficializado, sostuvo que la iniciativa “reedita el tema de bajar la edad en un año electoral y nos preocupa porque no va a tener incidencia en la seguridad”, al advertir que “si se miran las estadísticas reales la incidencia es mínima, y esto se está mostrando como una cuestión de seguridad”.
“No entiendo la finalidad de la reforma, salvo que la tenga que relacionar con que el tema de poner a los menores como enemigos sociales genera algún grado de satisfacción electoral”, aseguró el magistrado, quien se pronunció a favor de “dar el debate, pero hay que dar un debate mucho más amplio por la falta de equipos interdisciplinarios, el presupuesto y los remedios que necesita la Justicia para esto”.
En declaraciones radiales, Moreno consideró que “la Justicia no está en condiciones de hacer un seguimiento por falta de presupuesto”, y puso como ejemplo a la ciudad de Buenos Aires que, dijo, “tiene una sola trabajadora social, la Corte no les deja usar el cuerpo médico forense y dependen de los organismos públicos para hacer informes”.
“Tenemos una restricción muy fuerte en los gastos”, afirmó el magistrado, quien llamó a “buscar soluciones que tengan que ver con alternativas al encierro”, como lo hicieron provincias como Salta y Catamarca.
En un comunicado, la Ajunaf sostuvo que “la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos".