Procesaron al empresario Paolo Rocca por el caso del pago de las coimas K

El juez Claudio Bonadio procesó ayer al empresario y dueño de Techint, Paolo Rocca, como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Además, le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.
Según el magistrado, quedó comprobado el pago de coimas por parte de esa compañía a ex funcionarios para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.
En su declaración indagatoria, Rocca había dicho: “Con referencia a esta imputación yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas”.
En la misma investigación, Bonadio le dictó la falta de mérito al empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa, compañía que perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
En la resolución, el magistrado también decidió procesar a Juan Manuel Abal Medina, a su ex secretario privado, Hugo Larraburu, Alberto Padoan, Rubén Aranda, entre otros y amplió el procesamiento contra Julio De Vido por la admisión de dádivas, Roberto Baratta por el mismo delito y otros integrantes de la asociación ilícita como Nelson Lazarte, Hernán del Río, Hernán Gómez. 
El embargo de $4.000 millones también se le aplicó a Abal Medina y otros procesados entre quienes se encuentran Alberto Padoán (presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario y vinculado a la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de la empresa Chimen-Aike). En tanto, Claudio de Lassaletta -cuyo auto aparece relacionado a varios pagos de dinero-fue procesado por entregar dádivas y le trabaron un embargo por 30 millones de pesos.
Así, Bonadio sostuvo en su resolución que se pudo determinar “la existencia de una organización criminal que desde las máximas autoridades” del Gobierno y del ministerio de Planificación Federal, “diseñaron un mecanismo mediante el cual se recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
Para que esta maniobra se concretara, indicó el juez, fue necesaria la participación de funcionarios públicos y del sector empresarial que recibía contratos del Estado. “La recaudación funcionaba en el ámbito del citado ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y transporte”, cada una con una “forma establecida y personas encargadas” para el cobro de las coimas.
Con esta resolución de Bonadio, se cierra la primera etapa del Caso Cuadernos. La causa que estalló el 31 de julio pasado con la detención de Centeno y derivó en la apertura de varios expedientes más.