Denunciarán al Estado por la detención de musulmanes

Los dos jóvenes detenidos por su presunta vinculación a la organización chiita libanesa Hezbollah fueron indagados por el juez federal Sebastián Ramos, quien dispuso que sigan detenidos tras rechazar excarcelarlos, por lo cual su familia denunciará al Estado. Se trata de un nuevo capítulo de la promocionada estrategia de seguridad “antiterrorista” que puso en marcha el Gobierno antes de la cumbre internacional del G20.
El abogado Ismael Jalil, representante de los dos jóvenes detenidos en Floresta por su presunta vinculación a Hezbollah, anunció ayer que presentará una denuncia “contra el Estado nacional por la persecución” a la comunidad islámica “en función de su forma de pensar, origen y religión”.
Los hermanos argentinos Axel Ezequiel Abraham Salomon, de 25 años, y Kevin Gamal Abraham Salomon, de 23, prestaron declaración indagatoria ayer en los tribunales federales de Retiro y luego el juez ordenó nuevas medidas, entre ellas allanamientos a domicilios vinculados a ambos, informaron a Télam fuentes judiciales.
Pese a que la causa se maneja con reserva, se informó que ambos jóvenes declararon y seguirán presos por el momento.
Ambos solicitaron la excarcelación, pero el beneficio fue rechazado por el juez y por el fiscal del caso, Guillermo Marijuán.
A su vez, en la tarde de ayer en medio de incidentes, la Justicia allanó un domicilio en Floresta en busca de información sobre la organización terrorista Hezbollah, donde vive un primo de los dos hermanosargentinos de origen libanés detenidos este jueves con un arsenal de armas de guerra.
El nuevo allanamiento fue ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, AlbertoSanta Marina. Y el operativo lo realizó un grupo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con el apoyo de miembros de Gendarmería.
Si bien la causa está bajo secreto de sumario, se supo que el juez de Lomas de Zamora pidió información sobre un primo de los detenidos, otro joven argentino de origen libanés, de 25 años, cuyas iniciales son H. A. M.
El juez reclamó que las fuerzas de seguridad incauten de su domicilio armas, municiones y elementos de propaganda.