Comenzó el juicio y Lázaro Báez insistió con la nulidad de la causa

El empresario detenido Lázaro Báez y sus cuatro hijos enfrentaron ayer por primera vez el juicio oral en su contra por el presunto lavado de 60 millones de dólares. El lunes, su defensa había pedido que el proceso se suspendiera hasta que se resolviera una serie de impugnaciones, pero el tribunal no hizo lugar a su planteo.
Horas después del arranque del juicio, cuando se plantearon las cuestiones preliminares, el abogado de Báez, Víctor Hortel, ex titular del Servicio Penitenciario y fundador de la agrupación kirchnerista “Vatayón Militante”, volvió a pedir la suspensión de esta instancia oral. A este pedido se sumaron varias defensas. La respuesta del TOF 4 se conocerá la próxima semana, cuando se reanude el juicio y se fije la fecha para que los acusados comiencen a declarar. 
Esta es la primera gran causa de corrupción que investiga al empresariado kirchnerista y que llega a juicio oral. Es el caso del video de La Rosadita, de los millones “físicos” desparramados sobre la mesa de una financiera; una causa récord, en la que se incautaron activos por 3.000 millones de pesos.
Junto con Báez serán juzgados otros 24 acusados, incluidos sus cuatro hijos, su abogado Jorge Chueco y su contador Daniel Pérez Gadín. También Leonardo Fariña y Federico Elaskar, que fueron quienes contaron en televisión cómo giraban el dinero al exterior a través de un circuito negro.
Este juicio no incluye, en cambio, a la ex presidenta Cristina Kirchner. Para el juez federal que instruyó la causa, Sebastián Casanello, no hay pruebas para sostener que ella haya participado de las maniobras de lavado (sí de los delitos precedentes, pero se investigan en otros expedientes), por eso, Casanello se había negado a citarla hasta que la Cámara Federal se lo ordenó. 
Ahora, el juez debe resolver si la procesa, pero esto sucede en paralelo. En todo caso, de resultar procesada, la ex presidenta podría formar parte de una eventual segunda parte de este juicio.
Báez, amigo cercano de Néstor Kirchner y socio de la familia, se convirtió en el principal contratista de obra pública de Santa Cruz. Hoy lleva dos años y medio preso.
Casanello y la Cámara Federal consideraron probado que sacó del país 60 millones de dólares de origen ilegal; en buena medida, generado con el dinero de la corrupción de las obras viales que el kirchnerismo le asignó a sus empresas.
Por la suma de dinero que se blanqueó, se les aplicó a cada uno de los que intervinieron en las operaciones un embargo de 600 millones de dólares: la pena máxima que contempla la ley de lavado. 
Además, se incluyó a las empresas que fueron indispensables en las operaciones de lavado: Austral Construcciones, Helvetic Service Group, la financiera SGI, entre otras. Cada una afronta una medida cautelar, también de 600 millones de dólares.
También están detenidos en la cárcel de Ezeiza Pérez Gadín y Chueco. Los tres fueron trasladados a Comodoro Py para la apertura del juicio.
Además, está previsto que esté presente Fariña, que está dentro del programa de testigos e imputados protegidos, después de haber adquirido estatus de “arrepentido” en esta causa.