Caso Maldonado: nueva estrategia judicial de la familia
DERECHOS HUMANOS

Caso Maldonado: nueva estrategia judicial de la familia

En la Justicia creen que la causa se terminará definiendo tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el objetivo de la defensa sería lograr una condena al Estado argentino por desaparición forzada del joven.

A un año de determinada la causal de muerte de Santiago Maldonado, su familia insiste en dos puntos: aseguran que el cuerpo no estaba en el lugar del río Chubut donde se halló y, a pesar de las evidencias científicas convalidadas por 55 peritos, continúan reclamando “una investigación independiente” que explique “la desaparición forzada de Santiago” de la que “el Estado argentino es responsable”.
A esos argumentos, Sergio Maldonado sumó en el último tiempo una nueva interpretación sobre los estudios forenses: afirma que el cuerpo de su hermano presentaba “signos de criopreservación”, algo que jamás aparece mencionado ni en el primero ni en el segundo informe pericial complementario pero que según la familia respaldaría la sospecha de que el cadáver fue plantado.
En las dos causas que instruye el juez Gustavo Lleral, la abogada de la familia, Verónica Heredia, no expone una teoría respecto a cómo un cuerpo que no exhibió signos de arrastre, desgarros o de manipulación, pudo haber sido trasladado de un lugar a otro. Menos aún haber sido plantado en el curso de un río a tan sólo siete metros de la ribera del Pu Lof de Cushamen, custodiado con celo por esa comunidad indígena como quedó probado cuando se retiró el cuerpo del joven artesano.
La familia Maldonado, en cambio, exigió en el expediente que los forenses ampliaran sus conclusiones, lo que fue denegado por el magistrado al entender que la autopsia no dejaba resquicio de duda.
Sin embargo, y más allá del dictamen final en el hábeas corpus y en la causa penal que mantiene la carátula de desaparición forzada para no adelantar opinión, según Lleral, tanto la reserva del caso federal como las medidas solicitadas y denegadas anticipan lo que los investigadores creen que sucederá después: “Recurrir las sentencias hasta agotar todas las instancias, incluso la Corte, para luego, sí, plantear ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) la necesidad de que los fallos argentinos sean revisados. Habrá causa Maldonado por muchos años”, sostienen fuentes que conocen muy bien ambos expedientes.
En términos jurídicos otras fuentes consultadas por un medio bonaerense lo explican así: “Cada solicitud probatoria denegada va a dar lugar a un agravio fundado en la violación al derecho de defensa que será planteado ante la Cidh para lograr una condena al Estado argentino”.
De hecho, el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) que actúa en las principales causas de delitos de lesa humanidad y en el reconocimiento de los ex combatientes de Malvinas, participó en el expediente desde el inicio de la investigación.
El juez Guido Otranto los convocó al hacer lugar a un expreso pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que desde conocido el resultado de la autopsia dejó de impulsar la imputación por desaparición forzada. Ahora sólo actúa como querellante en causas conexas, como la de las escuchas ordenadas durante la investigación para dar con el paradero de Santiago, cuya legalidad procesal fue ratificada por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ahora espera otro pronunciamiento de la Cámara de Casación.
Sin gendarmes identificados como imputados por parte de la familia y sin pedidos concretos de indagatorias a los miembros de las fuerzas de seguridad, el señalamiento a los efectivos muta en abstracción judicial. Sí hubo un pedido de la familia para que se le tomara declaración al ex jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que el juez desestimó al entender que no existen elementos objetivos que lo avalen.
Según las fuentes consultadas, la estrategia judicial que impulsa la abogada Heredia muestra una lógica clara: demandar al Estado argentino ante los tribunales internacionales para lograr una sanción pecuniaria como la obtenida por la desaparición forzada en el caso del joven patagónico Iván Eladio Torres.
Esa condena internacional impulsó la aprobación de la ley 26.679 que tipificó en el art. 142 del Código Penal argentino el delito de desaparición forzada de personas. Desde entonces, la abogada Heredia es conocida como experta en esa materia. Las fuentes, si bien descreen de ese desenlace, pronostican un camino judicial largo. Más largo de lo que ameritan las constancias probatorias en las causas.

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