Mauricio Macri impulsa un proyecto de ética pública

Bajo los efectos del escándalo de los cuadernos de las coimas -o en función de dar una imagen de mayor transparencia en el Gobierno-, el presidente Mauricio Macri instruyó a sus funcionarios a acelerar los retoques al proyecto de ley de ética pública, que presentará en las próximas semanas al Congreso y contempla un amplio abanico de medidas tendientes a ejercer más control sobre los tres poderes del Estado. El borrador del proyecto de ley de ética pública ya pasó por los filtros de la Oficina Anticorrupción y de un equipo de la Jefatura de Gabinete. Ahora se encuentra en el escritorio de Macri para su última revisión y es la gran apuesta de Cambiemos para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.
La iniciativa que promueve el Gobierno cuenta con 78 artículos, propone una reforma de fondo a la actual ley de ética pública que aprobó el Congreso en 1999 durante el último tramo del mandato de Carlos Menem y apunta a exigir mayor transparencia tanto a los jueces como a los legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo.
Entre los principales temas que contempla el proyecto de ley de ética pública elaborado por el gobierno figuran los siguientes puntos:
El proyecto oficial sostiene que los funcionarios públicos “no pueden promover ni designar, bajo ninguna modalidad, ni tampoco impulsar o participar en la promoción o designación de su cónyuge o conviviente o de personas con las que posean vínculos de parentesco en línea recta o colateral hasta el cuarto grado o segundo por afinidad, en la jurisdicción en la que cumplen funciones”. Esta disposición se aplicaría al Presidente y vice, los ministros funcionarios con rango y jerarquía equivalente. También estarán alcanzados los diputados y senadores nacionales así como los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación.
Aquellas personas que “no observen una conducta acorde con la ética pública en el ejercicio de sus funciones, serán sancionados o removidos por los procedimientos establecidos en el régimen propio de su función”. A esto se le agrega la responsabilidad penal o patrimonial que les pudiere corresponder.
Los funcionarios de jerarquía del Poder Ejecutivo, los legisladores, jueces, el Defensor del Pueblo, los síndicos y auditores, el Procurador del Tesoro, funcionarios de jerarquía de la Cancillería, de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, los rectores de universidades y los directores o funcionarios con rango de los entes descentralizados o autárquicos, deberán presentar una declaración jurada patrimonial y de intereses dentro de los treinta (30) días hábiles desde la asunción de sus cargos. También se le exigirá la presentación de declaración jurada a todos los candidatos titulares a ejercer cargos públicos electivos nacionales.
 Cuando asumió Macri al poder hubo un arduo debate sobre las acciones que él y algunos ministros tenían de empresas, lo que generaba un serio conflicto de intereses. Por este motivo el gobierno realizó un extenso detalle de exigencias en el proyecto de ley de ética pública en lo relacionado al régimen de conflictos de intereses para los tres poderes del Estado.
Además, se especifica que  la Oficina Anticorrupción que funcionará como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito del Ministerio de Justicia, tendrá nuevas atribuciones como impulsar, por iniciativa propia o por denuncia, investigaciones relativas a hechos de su competencia, formular las denuncias que correspondan y constituirse como parte querellante, según los criterios establecidos por sus reglamentos.