Allanan las propiedades de Cristina en Recoleta y en Río Gallegos

Allanan las propiedades de Cristina en Recoleta y en Río Gallegos

Resta que comience el operativo en El Calafate.

La policía allanaba hoy dos de las viviendas de la expresidenta Cristina Kirchner, acusada de ser parte de una red de corrupción integrada por exfuncionarios y empresarios que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obras públicas, causa conocida como "los cuadernos de las coimas".

Los procedimientos comenzaron por la mañana en el departamento que la actual senadora posee en un antiguo edificio situado en el barrio de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires. La vivienda era requisada por al menos una docena de policías federales cumpliendo una orden del juez federal Claudio Bonadío, quien está a cargo de la investigación.

Seguidores de la senadora y curiosos estaban apostados en el lugar junto con numerosos periodistas cuando llegaron varias camionetas con efectivos de la división de explosivos y la policía científica cargados con dispositivos técnicos para inspeccionar la vivienda.

Poco antes de las 15 horas un equipo de la policía federal también con equipos especiales y perros entrenados para buscar drogas, explosivos y dinero ingresó a la vivienda de Fernández en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.

Por su condición de senadora el juez Bonadío pidió hace varias semanas al Senado autorización para allanar las dos casas de Fernández en Santa Cruz y su departamento en Buenos Aires el cual -según el relato de un arrepentido en la causa- fue el supuesto destino de bolsos repletos de dólares pagados por empresarios a su gobierno y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

El Senado autorizó el miércoles al juez inspeccionar las propiedades. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria, quien el día antes había aceptado la medida aunque con condiciones que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que el procedimiento debe guardar "decoro" y "tutelar las garantías constitucionales", especialmente el derecho a la intimidad.

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