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SANCIÓN DEL GOBIERNO

Quedó firme la multa al gremio de Moyano

Un juez en lo laboral dispuso el embargo al Sindicato de Camioneros con lo cual pagará la penalización por interrumpir una conciliación.

La justicia laboral decretó ayer el embargo de $809.790.710 a la Federación de Camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano, por haber incumplido la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre del año pasado.
El juez laboral José Ignacio Ramonet determinó la medida un día después del pedido que hizo el Ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca. En el Gobierno no se asombraron por la celeridad del fallo y aseguraron a la prensa metropolitana que este tipo de trámites no deberían tener demoras.
El magistrado libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que “traben la medida” por una suma de $266.930.023, que se calcula para responder intereses y costos. De esta manera, la multa al gremio de Moyano superaría los 1000 millones de pesos y sería un récord.
Hace una semana, Moyano había activado su defensa. En el terreno judicial, apeló la sanción que le impuso el Gobierno. En paralelo, y rodeada por la cúpula de su gremio, amenazó con un paro nacional y movilizaciones callejeras.
A cargo de la defensa legal del sindicato está Hugo Moyano (h.), uno de los hijos del líder camionero que desconocía ayer la letra chica de la resolución. 
“No es normal y es exorbitante el monto y la rapidez en cómo se resolvió. No tiene antecedentes ni en la Argentina ni en el mundo. Viola todas las normas de fondo y de procedimiento”, detalló el abogado. Aseguró además que para determinar que se violó la conciliación obligatoria el Ministerio de Trabajo hizo inspecciones en solo seis empresas.
“Es un embargo preventivo, pero igualmente vamos a definir cómo vamos a seguir. Lo vamos a denunciar y lo vamos a intentar revertir”, dijo el hijo de Moyano.
El 19 de julio pasado, Trabajo fijó una multa de casi 810 millones de pesos por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017, durante una protesta en reclamo de un bono de fin de año.
El monto se estableció según la ley 25.212, que indica que el cálculo es del 50% del salario mínimo vital y móvil al momento del incumplimiento ($4.430) multiplicado por la cantidad de afiliados (182.797).
Y existe otra sanción contra Camioneros -pendiente de definición- por interrumpir otra conciliación de junio.

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