Consensuaron en el Senado un proyecto para recuperar bienes de la corrupción

La mayoría de los bloques del Senado consensuaron ayer un nuevo proyecto unificado de extinción de dominio. Con el acuerdo los legisladores creen que podrán aprobar la iniciativa en el recinto con dos tercios de los votos, una jugada que obligaría a la Cámara de Diputados a buscar una mayoría especial para insistir con el proyecto que recibió media sanción en junio de 2016.
Este acuerdo se alcanzó durante la reunión de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, donde los legisladores se comprometieron a firmar un dictamen unificado el 7 de agosto y someterlo a votación en los días siguientes.
La iniciativa reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación. 
“A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano”, explicó Miguel Pichetto durante la conferencia de prensa en la que presentó el proyecto.
Una vez sancionada, la ley le permitirá al Estado recuperar bienes y fondos obtenidos a través de actos de corrupción o narcotráfico, antes de que exista una sentencia firme. Alcanza a inmuebles, vehículos, aeronaves y dinero que provengan de delitos federales graves, o que hayan sido utilizados para cometerlos.
Este nuevo intento de avanzar con el proyecto responde, en parte, a una fuerte presión social en las redes y una campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org, que ya alcanzó casi los 200.000 apoyos.
Las diferencias entre los proyectos se resumen esencialmente en tres ejes: el fuero -civil o penal- donde debe tramitar la extinción de dominio, el momento de la causa penal en que puede iniciarse el proceso, y si alcanza a bienes producto de delitos cometidos en el pasado.
Pichetto señaló que “el proyecto anterior sacaba del fuero penal la acción y el fiscal, ante la mera sospecha, podía iniciar la extinción”, algo que no se condice con el sistema de garantías que tiene la Argentina. Sostuvo que “en la etapa de instrucción se inhiben y se congelan los bienes” para preservarlos hasta el momento en que haya condena o absolución por parte del tribunal oral.
Ocurre que el proyecto establece que la acción de extinción de dominio debe dictarse en simultáneo con la condena impuesta por el tribunal y no en otro momento.
De acuerdo al proyecto del justicialismo, la extinción de dominio se aplicará para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, proxenetismo, corrupción de menores y secuestro, entre otros.