El Gobierno realizará un fuerte ajuste de los gastos en su administración

Los recortes que ayudarán a reducir el rojo fiscal incluyen los gastos de la política, como lo reclamó el presidente Mauricio Macri: se prevén recortes por $20 mil millones en 2019, para acercarse al equilibrio de las cuentas públicas, pero especialmente por pedido del FMI, como parte de las exigencias para aprobar el préstamo de USD 30 mil millones que negocia el ministro de Hacienda y coordinador económico, Nicolás Dujovne.
El funcionario coordinador del área económica está a cargo también del recorte en el gasto público. Con esa meta, la semana pasada se reunió con los ministros para que presenten sus planes de ahorro en los presupuestos. Este nuevo plan es consensuado entre el Presidente, Dujovne y la primera línea de Cambiemos.
Algunos de los organismos en la mira son el Banco Central y la Afip, dos de las entidades con salarios más abultados. Por ejemplo, en la Afip el salario neto promedio es de $100 mil, mientras que el chofer de uno de estos organismos duplica ese sueldo. Uno de los planes del Ejecutivo es que el Tesoro siga financiando a estas instituciones, como una de las claves para reducir el déficit fiscal.
Otro de los ejes del plan será que los funcionarios ya no podrán cobrar doble salario, mientras que se analiza la posibilidad de fijarle un techo a los sueldos de directores de empresas públicas.
También se prevén recortes tanto en los viáticos como en las flotas de vehículos: los funcionarios con rango menor al de los ministros ya no podrán viajar en business, pasajes que son mucho más costosos que los regulares. Sólo el Presidente y los jefes de las carteras podrán hacer uso de esta comodidad. Se espera, además, que sólo tengan choferes los funcionarios de alto rango y que se venda una gran cantidad de vehículos que integran la flota del Gobierno.
Además del congelamiento de ingresos en la administración pública nacional, medida que se había dispuesto desde hace tiempo -al anunciar el recorte de gastos de la política por $1.000 millones-, pero que ahora, aseguran, se implementará definitivamente.
Entran en el plan los poderes judicial y legislativo. El Presidente ya había cuestionado en la apertura de sesiones ordinarias la gran cantidad de personal que tiene la Biblioteca del Congreso, donde actualmente hay más de 1.600 empleados.
Ayer, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró que el Gobierno “tiene muy enfocados los recursos en el gasto social y eso no se va a tocar”.
Además, comprometió “todo el esfuerzo que haya que hacer” para que el Ejecutivo disponga de los recursos para seguir ayudando “a los que menos tienen y a los que más lo necesitan”.
Garavano señaló que su cartera hizo a principios de año “un recorte del 25 por ciento en los cargos políticos” y se declaró dispuesto a hacer “todo el esfuerzo que haya que hacer tratando de ayudar a los que menos tienen y más lo necesitan”.