Daniel Scioli a la Justicia: “Nunca he recibido dádivas”

El ex gobernador bonaerense y actual diputado Daniel Scioli cumplió este jueves con la entrega de un escrito de descargo en la causa por lavado de activos que tramita la fiscalía de Alvaro Garganta, pero cumplida esa formalidad queda a un paso de comparecer antes de fin de año en un juicio oral por ese y otros presuntos delitos como violación de los deberes de funcionario público.
La indagatoria respondió a una citación de la jueza de Garantías Marcela Garmendia. La Justicia provincial trata de establecer un presunto negociado entre el ex gobernador con contratos de obra pública por 117 millones de pesos a una empresa.
Esa firma concesionaria, Miller Building, alquilaba un predio en Villa La Ñata, la quinta en el Tigre donde habita Scioli, y garantizaba en el intercambio remanentes de plata ilegal varias veces millonarios.
Scioli de este modo llegará al juicio oral como imputado procesado en la causa.
Llegado el caso deberá comparecer ante el tribunal de la sala correspondiente para dar testimonio de sus actos, entre ellos por la presunta responsabilidad penal en el delito de violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con esa función y tráfico de influencias.
La causa que involucra al ex candidato presidencial del kirchnerismo está vinculada con la construcción de 8 Unidades de Pronta Atención (UPA), otorgada a Miller Building.
Aun comprobada la comisión del delito el ex gobernador no irá a la cárcel. Ninguna medida cautelar, como la prisión preventiva, puede aplicarse al procesado. El tribunal no podría someterlo a coerción. Ampara a Scioli su ejercicio como diputado nacional, “en representación del pueblo”.
Para resultar pasible de sanción penal en forma coercitiva de su libertad, el Congreso de la Nación debería disponer su desafuero en sesión especial, tal como sucedió con el ex ministro de Planificación Julio De Vido, ahora preso.
Toda esta previsión legal no impide que la Justicia evolucione con el expediente y pueda resolver la culpabilidad del ex gobernador. Pero, apelaciones mediante de sus abogados defensores, recién quedará a disposición plena de la demanda del juicio en 2021, si no es reelecto como legislador.
El fiscal Garganta lleva adelante, además, una megacausa que investiga las supuestas "cajas negras" durante la gestión sciolista, que se inició con una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.
"Es totalmente falsa mi supuesta relación especial con uno de los proveedores. Dicho proveedor accedió a menos del 1% de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes, y según la ley aplicable a cada caso. Por otro lado, jamás utilicé el helicóptero de dicho proveedor durante mi período como Gobernador”, indicó.