Cristóbal López se entregó a Gendarmería luego de que la Justicia ordenara que él y su socio Fabián de Sousa vuelvan a la cárcel, agravara las acusaciones en su contra por evadir 8000 millones de pesos en el impuesto a los combustibles y elevara el monto de los embargos a 17.042 millones de pesos. El mismo fallo complicó también la situación del ex titular de la Afip Ricardo Echegaray, acusado de permitir esa evasión.
Se espera que de Sousa también se entregue. En tanto, el abogado Carlos Beraldi presentó un recurso extraordinario contra este fallo.
La sentencia que revocó la libertad de López fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, con la disidencia de su colega Ana María Figueroa. Los tiempos se aceleraron cuando el fiscal Raúl Pleé y la Afip, con la firma de Ricardo Gil Lavedra, pidieron que Cristóbal López vuelva a la cárcel y que se califique su delito como administración fraudulenta agravada, y no como una evasión fiscal.
López eludió pagar 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles que vendió mediante su empresa Oil. Con ese dinero, que retuvo durante el kirchnerismo, capitalizó al grupo Indalo y se hizo además de un holding de medios con el que defiende las políticas kirchneristas.
Sin embargo, el juez Julian Ercolini a fines de 2017 lo procesó por fraude y lo encarceló junto a De Sousa. También procesó a Echegaray.
López estuvo preso desde el 20 de diciembre hasta el 16 de marzo. Pasó las fiestas, Año Nuevo y las vacaciones en el penal de Ezeiza, perdió el control de sus empresas que entraron en crisis terminal y hasta se alejó de su novia Ingrid Grudke.
Sin embargo en marzo los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo excarcelaron y aliviaron su calificación legal.
El fallo indignó al Gobierno que minó el camino de Ballestero de denuncias por su patrimonio y cuestionó a Farah. Ambos venían fallando en sintonía con el kirchnerismo. Finalmente, en menos de un mes, Farah pidió ser trasladado a otro tribunal y Ballestero presentó una licencia médica, que lo alejará de la Cámara.
Después de que fue apelada la libertad de López, la Cámara de Casación volvió las cosas a su lugar. Revocó la resolución de la Cámara Federal, ordenó que se califiquen los hechos imputados a Echegaray, López y De Sousa como defraudación al Estado, elevó el monto del embargo y ordenó la inmediata detención de los dos empresarios.
El juez Hornos consideró que se trata de "graves hechos de corrupción" vinculados con la delincuencia económica. Señaló que se trata de una "amenaza que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones”.
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