Indagarán a Julio De Vido y empresarios por el caso Odebrecht

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó a indagatoria a los acusados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento.
El extenso listado incluye a Julio De Vido que abrirá la ronda de declaraciones en junio, entre los empresarios está citado Angelo Calcaterra, los representantes de la constructora brasileña, el ex secretario de transporte Ricardo Jaime, entre otros. Las 49 indagatorias concluirán con Jorge “Corcho” Rodríguez en octubre.
Las mismas fueron pedidas por el fiscal Franco Picardi y se tomarán en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: representantes de Ghella, Comsa.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.
La obra del soterramiento que investiga Martínez De Giorgi, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, Iecsa (entonces de Calcaterra), Ghella y Comsa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.
Las indagatorias se realizarán desde el 6 de junio con Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.
Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y el intercambio de e-mail donde “se habla del pago de sobornos”, explicaría “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora Iecsa.
Todos los imputados están acusados de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como “anómalas circunstancias” señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron “sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación al proceso licitatorio” y hablan de los pagos.