La Corte Suprema ordenó investigar al tribunal que liberó a Cristóbal López

La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió ayer al mediodía que se investigue la integración de la Sala I de la Cámara Federal que resolvió revocar la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián de Sousa la semana pasada y que permanecían detenidos en el penal de Ezeiza desde el 20 de diciembre pasado.
Lo hizo a través de una nota, firmada por los cinco ministros del Máximo Tribunal y dirigida al Consejo de la Magistratura de la Nación.
El texto va dirigido a Miguel Pidecasas, quien asumió la presidencia del Consejo en diciembre pasado, y se le pide que "arbitre los medios que tiene a su alcance a los efectos de iniciar una investigación acerca del procedimiento de integración de los magistrados de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que resolvieron en la causa" de López por defraudación contra la administración pública.
Además, los magistrados piden que se indique si" existió alguna irregularidad en esa conformación".
Según publicaciones de ayer en la prensa metropolitana, el argumento de la Cámara para evitar el sorteo fue que existían dos alternativas, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Y Ballestero, el presidente del tribunal, se inclinó por Farah porque ya había actuado en una causa sobre desvío de fondos en obras públicas.
En su fallo de liberación, la Cámara entendió, por dos votos contra uno, que tanto López como De Sousa debían dejar la cárcel, ya que los movimientos societarios realizados dentro del Grupo Indalo mientras estaban inhibidos por la Justicia habían sido reportados oportunamente en tribunales.
Los camaristas consideraron que la prisión era una medida de "alevosa arbitrariedad" y ordenaron la liberación inmediata, que se concretó horas después del fallo.
Por otra parte, los magistrados también resolvieron (por mayoría) cambiar el delito que se les imputa a los empresarios.
Los ejecutivos están acusados por una deuda con la Afip que supera los $10.000 millones, por retenciones indebidas del impuesto a la transferencia de combustibles en el marco de los negocios de la petrolera Oil, actualmente intervenida por la Justicia.
Ordenaron que fueran investigados por delitos tributarios, lo que les abre una puerta a los empresarios para volver a reclamar el cambio de fuero al Penal Económico y, sobre todo, para ingresar a una moratoria con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Eso haría extinguir la causa judicial, según pudo reconstruir.