El empresario Cristóbal López se entregó a la Justicia tras varias horas de permanecer prófugo y quedó detenido en el penal de Ezeiza. Ayer mismo, el juez federal Julián Ercolini, que lo procesó, declaró “abstracto” el recurso de exención de prisión que presentó el “zar del juego”, quien de esta forma permanecerá detenido en Ezeiza, la misma prisión en la que están alojados, entre otros, Amado Boudou, Lázaro Báez, Julio López, Ricardo Jaime, Carlos Zannini y José María Núñez Carmona, entre otros. El “empresario dueño de medios de comunicación y una petrolera, entre otras firmas, no compartirá penal con su socio, Fabián de Souza, quien fue detenido el martes en Puerto Madero y trasladado a Marcos Paz en el marco de la misma investigación. En ese complejo están detenidos el piquetero Luis D’Elía, el ex ministro Julio De Vido y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche -entre otros-.
Tanto López como De Souza serán sometidos a evaluaciones médicas y criminológicas en los hospitales centrales de cada complejo penitenciario.
Después de horas de incertidumbre, el empresario se presentó en la madrugada de ayer con dos abogados en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en Retiro. El juez federal Julián Ercolini lo había procesado con prisión preventiva y había ordenado la detención de López y De Sousa en el marco de una causa que investiga una millonaria evasión en el pago al fisco de un impuesto a la transferencia de los combustibles, entre 2013 y 2015.
También procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray. Los tres fueron embargados por más de 17.042 millones de pesos cada uno dado que se considera a Echegaray como el autor; y a López y De Sousa como “partícipes necesarios” del delito de defraudación por administración fraudulenta.
Prisión preventiva
Las detenciones de los empresarios del Grupo Indalo fueron ordenadas por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia.
De hecho, Ercolini acusó a ambos de haber vendido acciones del Grupo Indalo a sabiendas de que no podían hacerlo porque pesaba sobre ellos y sus empresas una “inhibición general de bienes”. Según el juez, el accionar de ambos “se dirigió a obstruir la labor de la Justicia”.
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