La Cámara Federal de Casación penal confirmó la decisión judicial de disponer que la maquinaria vial y los automóviles secuestrados a las empresas del detenido Lázaro Báez, sean entregados a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN).
Los jueces de la Sala IV de Casación, respaldaron la decisión tomada por el juez Sebastián Casanello y avalada por la Cámara Federal porteña, con la que se dispuso que los bienes secuestrados sean puestos en manos del Estado nacional.
Serán entregadas a la DVN las máquinas de las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., que fueron embargadas como consecuencia de los procesamientos dictados al detenido Báez por el delito de lavado de dinero.
La decisión fue confirmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci, quienes no hicieron lugar a tres quejas de las defensas de Lázaro y Martín Báez, que pretendían impedir que el Estado utilizara sus máquinas.
La decisión se tomó en el marco de la causa por la que Lázaro y Martín Báez se encuentran procesados por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera ex SGI.
Las maniobras por las cuales fueron procesados, implicaron sacar millonarias sumas de dólares del país obtenidos de manera ilegal para luego hacerlos ingresar y simular un origen lícito.
Sin cuenta
En los últimos días la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la defensa del empresario para que se le permita abrir una cuenta corriente especial fiscal en el Banco Nación a nombre de su empresa “Austral Construcciones SA”, con miras a entrar en el blanqueo de capitales previsto en el régimen de sinceramiento fiscal.
Báez pretendía abrir la cuenta para acogerse a los beneficios de la ley 27.260, pero el Tribunal de Apelaciones le recordó que está procesado en varias causas penales por corrupción y eso es un impedimento para acceder al blanqueo, según la resolución de la sala II del Tribunal de Apelaciones.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun confirmaron así, una decisión del juez federal Sebastián Casanello, que había rechazado la petición de Báez.
Báez además había pedido que se dicte una medida cautelar de no innovar para suspender el plazo de vencimiento del sinceramiento, fijado para el 31 de marzo, y así llegar con los tiempos para presentarse, algo que también se rechazó.
Los camaristas le recordaron, que el empresario se encuentra procesado y embargado y con sus bienes inhibidos en la causa de Casanello por lavado de activos.
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