El directorio de la empresa Sancor trabaja contra reloj para frenar una deuda que se ha tornado no sólo impagable, sino creciente, por acumulación de intereses, pero también de gastos corrientes en una estructura que quedó desbordada por el derrumbe de la actividad que provocaron las inundaciones en la cuenca lechera, que llevaron a la reducción a la mitad la oferta de leche fluida, y el receso del consumo doméstico. De ahí que se abocó a un riguroso plan de reestructuración que se manifestó en la decisión de cerrar cuatro plantas, que en conjunto empleaban a unas 500 personas, como primer paso para reducir de 15 a 9 establecimientos en operación y achicar la nómina de 4.000 a 2.500 trabajadores. De ahí que aún peligran los puestos de otras 1.000 familias.
Los trabajadores de la rama lácteos del Sindicato de Choferes de Camiones mantienen un paro general en rechazo a la posibilidad de que 500 trabajadores de la empresa sean despedidos. Según confirmó el secretario general adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, la medida responde a "un eventual cierre" de la firma que afectaría la continuidad de los puestos laborales.
Por su parte, el ministro Francisco Cabrera dijo que “el gobierno ayudó a Sancor desde sus inicios” aunque aclaró que la empresa se negó a hacer las reestructuraciones que les recomendaron. “Sancor es una empresa grande con muchos problemas desde hace muchos años, que se metió en un problema serio cuando, durante la gestión kirchnerista, fue un exportador importante de leche en polvo a Venezuela y Venezuela le dejó de pagar”, sostuvo Cabrera.
LA FIRMA LECHERA CESANTEÓ A 500 TRABAJADORES
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