Correo: Aguad admitió "quebranto en perjuicio del Estado"

En una acalorada audiencia informativa en la Cámara de Diputados, en la que no faltaron duras recriminaciones por parte de la oposición, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió este martes la actuación del Gobierno respecto del fallido acuerdo para condonar la deuda del Correo Argentino, aunque anticipó que trabajará que "la familia que es dueña" de esa empresa le "pague lo que le debe al Estado".

En un clima tenso, aseguró además que se buscará impedir que la empresa deudora, perteneciente a Franco Macri, el padre del presidente Mauricio Macri, "trate de cobrarle al Estado los juicios" pendientes que le inició y subrayó que no le van a "perdonar ni un peso de capital".

Tras reconocer que existe "un enorme quebranto en perjuicio del Estado", apuntó contra el kirchnerismo por haber desatendido la resolución del caso durante los años en que gobernó, y también dirigió críticas hacia un sector de la Justicia por no "haber pedido la inconstitucionalidad de la Ley de Quiebras durante todo ese tiempo, que a su entender "produce una inequidad evidente" dado que "se perjudica escandalosamente al acreedor".

"Yo no sabía del juicio, pero estoy tratando de que no puedan cobrar un peso de ese juicio. La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital, y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes", adelantó el funcionario, que recordó que el Gobierno dispuso volver a "foja cero" el acuerdo firmado que beneficiaba a la familia Macri a fin de fijar una nueva audiencia.

Pese a asumir ese compromiso, Aguad se dedicó a justificar lo obrado inicialmente por el Gobierno nacional al señalar que la Ley de Quiebras impedía actualizar y agregarle intereses a la deuda original que contraía la empresa de Franco Macri, que era de 296 millones de pesos y que en la actualidad ascendería, según se estimó judicialmente, a 70 mil millones de pesos.

"Las deudas de un concurso verificadas no se pueden ni actualizar ni recargarle intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que debíamos cobrar desactualizado en un 90 por ciento", resaltó Aguad ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside el massista Juan Brugge.

Por eso, justificó la decisión del Gobierno de llegar a un arreglo, aunque sea para cobrar apenas el 10 por ciento en términos reales, ya que era la mejor de las opciones en el marco de la ley, y teniendo en cuenta que se estaba lidiando con una empresa "insolvente" que se había quedado "sin bienes" tras la estatización de 2003.

"El acuerdo es lo mejor que se pudo lograr. Si se hubiera podido lograr algo mejor, lo habríamos intentado.
Estamos frente a un actor insolvente, que no tiene bienes", insistió.