El juez Lijo procesó a Oscar Parrilli por el encubrimiento de Ibar Pérez Corradi

El juez federal Ariel Lijo procesó a Oscar Parrilli por el encubrimiento agravado de Ibar Pérez Corradi , quien era buscado por ser el supuesto autor intelectual del triple crimen. El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia había pedido la recusación del juez por "enemistad manifiesta" a raíz de las filtraciones a la prensa de las escuchas de una charla suya con la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de esta investigación, pero esta fue rechazada. Según la resolución, Lijo dispuso el procesamiento de Parrilli, por considerar que, en su carácter de titular de la AFI, ocultó los informes que había producido la Dirección de Contrainteligencia de ese organismo, para colaborar a que el prófugo Pérez Corradi continuara eludiendo el accionar de la Justicia.
El juez lo procesó por el delito de encubrimiento agravado por tratarse de un funcionario público y por encubrir un delito de más de tres años de prisión de mínima. Además, ordenó formular una denuncia para que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública en virtud de la difusión de audios vinculados a las intervenciones telefónicas ordenadas en el expediente.
En su resolución, Lijo indicó que Parrilli, en su carácter de titular de la AFI ocultó un informe que contenía datos precisos del prófugo Pérez Corradi, al no elevarlo a las sedes del Ministerio Publico Fiscal que perseguían su captura. Los elementos reunidos a lo largo de la investigación probaron que el propio Parrilli designó a dos agentes del organismo que dirigía para el cumplimiento de esa medida, quienes con fecha 13 de noviembre de 2015, concluyeron un informe en el que corroboraban la información aportada por un testigo de identidad reservada, donde no sólo se había identificado a su mujer, Gladys Delgado, sino que además a una persona de características fisonómicas similares a las del prófugo Pérez Corradi. En la resolución, el juez estableció que desde el 19 de noviembre de 2015 esos informes se encontraban en condiciones de ser remitidos al Ministerio Público Fiscal, pero se hicieron hasta el 21 de enero de 2016. Lo único que faltaba era el ok del entonces titular de la AFI. El magistrado concluyó que de los cuarenta y cinco códigos de seguridad asignados en noviembre, los únicos dos que no se ordenó su remisión fueron precisamente los que contenían datos concretos para dar con el paradero del prófugo.