La comisaría 35°, de los barrios porteños de Núñez y Saavedra, tenía un aceitado sistema de recaudación ilegal con dos bocas principales de ingresos: los cuidacoches, conocidos también como “trapitos” -a los que les exigían unos 400 pesos semanales para dejarlos “trabajar”-, y los comerciantes y empresarios de la zona, que pagaban un mínimo de 2.000 pesos mensuales cada uno para contar con seguridad “privada”. Las coimas se cobraban a través de facturas truchas de la Asociación Amigos de la Comisaría 35°.
Todo ese funcionamiento, además de ser corroborado por el fiscal José María Campagnoli, fue detalladamente relatado por un oficial que, con identidad reservada, contó su calvario ante las cámaras de TN.
“Todo fue luego del robo a la escribanía en la calle Cuba 4.710. Yo estaba recorriendo con el móvil y me paró un hombre diciendo que desconfiaba de la policía porque había uno o dos móviles en el lugar mientras robaban adentro. Entonces doy aviso y me informan que llevemos al personal que estaba allí para tomar la declaración correspondiente”, dijo.
El agente sostuvo que “el señor comisario se enojó” y que a partir de ese instante empezó a sufrir un infierno: “Me persiguieron, atentaron contra la camioneta, me cruzaron una moto en la puerta de mi casa. Hace un par de días que me persiguen. Yo vivo en un barrio de casas bajas y hace dos o tres días me dijeron que se quisieron meter en mi casa”.
“Villarreal siempre fue un hombre que se manejaba solo, maltrataba al personal, no saludaba a nadie, insultaba muchas veces a las mujeres que trabajan con él y que manchó a varios comisarios que valían la pena. Les tengo miedo a todos, no confío en nadie. Estoy asustado”, sentenció.
En el final el oficial dejó un mensaje para Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “Si me decían hace 5 meses qué podía pasar, yo les decía que no me animaba (a acusar). Hoy confío en la ministra de Seguridad, confío en el Presidente y espero que den una buena respuesta”.
Respecto a la pata judicial del caso, Campagnoli emitió un dictamen el 15 de septiembre pasado en el que le pidió al juez de Instrucción Ricardo Farías varias detenciones y allanamientos. Y, por lo visto, lo mismo opinó el propio juez Farías, porque esta semana ordenó detener a los cinco policías apuntados: el comisario Norberto Villarreal, el sargento Sergio Ríos, el sargento 1° Adrián Otero, el cabo Alejandro Malfetano y el escribiente Marciano Quiroga.
Cada uno de ellos había sido eyectado de la comisaría 35° luego de un allanamiento realizado el 22 de agosto. Aunque allí se encontró documentación comprometedora, ninguno fue pasado a disponibilidad. Los “castigaron” con otros destinos. Debido a esto, a la hora de ordenar las detenciones y requisas el juez Farías debió ordenar cinco allanamientos a cinco comisarías diferentes donde los policías estaban trabajando ahora.
CORRUPCIÓN
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