El ex presidente Álvaro Uribe reclamó penas de prisión efectiva de entre cinco y ocho años -aunque de cumplimiento en lugares de reclusión alternativa, como granjas agrícolas- para los guerrilleros que hayan reconocido su responsabilidad en delitos graves, entre otras propuestas que le presentó al gobierno colombiano como resultado de la derrota del Sí en el plebiscito para refrendar el actual acuerdo de paz con las FARC.
Uribe entregó el miércoles por la noche a las autoridades nacionales un texto de 26 páginas en el que también reiteró su oposición a que aquellos insurgentes alcanzados por acusaciones de delitos graves puedan presentarse como candidatos en elecciones, y ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá resolver si admite la propuesta tal como la recibió y la traslada a los negociadores de paz de la insurgencia.
Uribe pide también que se deje sin efecto el espacio de justicia transicional que habían acordado el gobierno y la guerrilla, por un Tribunal Transicional, pero dentro de la estructura de la Rama Judicial ordinaria, que tendría unas salas especializadas que se denominarían "Cortes para la paz", adscritas al Tribunal Superior de Bogotá, reseña la revista Semana.
El jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, afirmó el miércoles que la insurgencia no está dispuesta a reabrir la discusión sobre la justicia transicional, para la cual habían alcanzado un acuerdo "que nos llevó más de un año y medio" de discusiones en La Habana.
"Bases de un Acuerdo Nacional de Paz", es el título del texto de Uribe, que además exige que el Acuerdo Final no se incorpore a la Constitución nacional "con carácter inmodificable", y que su implementación se haga mediante los mecanismos institucionales necesarios para darles seguridad jurídica. Es decir, señala que la implementación debe ser en el Congreso, con las reglas actuales, y que allí se puedan modificar los acuerdos.
En el tramo referido a la justicia, propone la creación de un Tribunal Transicional dentro de la estructura de la Rama Judicial, pues permite la "no sustitución del sistema de Cortes y crea confianza institucional".
Ese Tribunal tendría unas salas especializadas que se denominarían "Cortes para la paz", dedicadas a amnistías e indultos, reconocimiento de la verdad, control de garantías y juzgamiento.
La investigación la llevaría a cabo la Fiscalía General de la Nación, donde se crearían las denominadas Fiscalías para la paz, con dos objetivos: adelantar la lucha contra las organizaciones derivadas del conflicto, y la investigación y acusación ante las salas de las Cortes de Paz, añade el reporte de Semana.
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