La línea de la pobreza se instaló en 12.489 pesos

Una familia tipo -compuesta por dos personas adultas y dos niños de entre 6 y 8 años de edad- necesitó en agosto contar con ingresos por $12.489,37 para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT) -compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos-, para no no caer por debajo de la línea de pobreza, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Ese mismo núcleo familiar requirió de $5.175,92 para acceder a la Canasta Básica Alimentaria, es decir, la cantidad mínima de alimentos, para no caer debajo de la linea de indigencia.
Con estos datos, el Indec reanudo ayer la difusión de los valores de las canastas, que se había interrumpido a mediados del 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que determinó que no se difundieran los índices de pobreza y de indigencia durante los años 2014 y 2015.
Ahora el Indec volvió a hacer el cálculo para un grupo familiar tipo compuesto por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8 años.
Desde abril, cuando comenzó la medición de los precios el Indec, la Canasta Básica Alimentaria aumentó 10,6% y la Canasta Básica Total, 10,3%.
Para el próximo miércoles está previsto que el Indec difunda los niveles de pobreza e indigencia en todo el país.
En la última oportunidad en la que dio datos de este indicador, a mediados del 2013, solo el 4,7% de los argentinos era considerado pobre, y entre ellos, el 1,4% era indigente.
Desde el sector privado, los últimos datos aportados por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), a fines del 2015, dieron cuenta que la pobreza alcanza al 29% de la población entre los cuales; 5,3% están en la indigencia.
De manera paralela, el 54% de los habitantes tenían problemas de empleo, entre los cuales, el 9,4% (casi dos millones) se encontraban desocupados, “lejos del 5,4% que decía el Indec”, criticó Agustín Salvia, director del Observatorio, quien aseveró que “la falta de estadísticas oficiales confiables desde 2007 en adelante privó al Estado de la posibilidad de buscar soluciones estratégicas”.