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SE APROBÓ EL PROYECTO ORIGINAL

Diputados sancionó la ley de acceso a la información

Con votos de Cambiemos y las distintas vertientes peronistas, se rechazaron los cambios que había introducido el Senado.

Después de 12 años de demora en su sanción, el Congreso finalmente saldó una deuda pendiente con la democracia y sancionó ayer, en la Cámara de Diputados, una ley de acceso a la información pública. Los legisladores, por amplia mayoría, acordaron rechazar los cambios introducidos por el Senado la semana pasada y, en consecuencia, confirmaron la versión original del proyecto al que le había dado media sanción el 18 de mayo pasado.
El oficialista Cambiemos logró incorporar al temario el debate del proyecto sobre tablas, ya que no contaba aún con dictamen de comisión y necesitaba una mayoría especial para incluirlo en la sesión.
El plenario aprobó por 182 votos y 16 en contra el dictamen original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado en la última sesión del cuerpo.
Entre otras cuestiones, y a instancias principalmente del Frente para la Victoria, el Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.
Al fundamentar la decisión del oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, puso de relieve que “luego de consultas hemos llegado a la conclusión que es conveniente que la Cámara insista en la sanción originaria de este cuerpo”.
Según el proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Poder Ejecutivo, cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; pronta respuesta y que el Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez.
La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado Nacional.

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