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Amplían el procesamiento de José López y procesan a su esposa y a dos empresarios

El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del detenido ex secretario de Obras Públicas kirchnerista y procesó a María Amalia Díaz y a Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera en la causa por enriquecimiento ilícito, al agregar como parte del delito la casa en la que vivía el matrimonio en Dique Luján, en Tigre. También dispuso la falta de mérito para la religiosa Inés Aparicio.

El juez ordenó además investigar si hubo desvío de fondos o entrega de dinero ilegal por parte de la Secretaría de Obras Públicas que comandaba López al Arzobispado de Mercedes Luján, a cargo del fallecido Obispo Rubén Di Monte, algo que quedará a cargo de otro magistrado, según el fallo firmado este jueves.

En cuanto a otra indagada en la causa, la hermana Celia Inés Aparicio, Rafecas la dejó con falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba, ya que en el expediente no se pudo establecer aún si encubrió a López esa madrugada, cuando una filmación la registró ayudando al ex funcionario a ingresar los bolsos al monasterio donde ella vive.

En su resolución de hoy, Rafecas le amplió el procesamiento a López y fijó su embargo en 220 millones de pesos al dar por probado que la casa de Dique Luján, valuada en unos 700 mil dólares, es de su propiedad pese a que figuraba como inquilino.
López ya estaba procesado con prisión preventiva por los bolsos y la valija con casi 9 millones de dólares y relojes de alto valor, entre ellos un Rolex valuado en casi 13 mil dólares, que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio pasado, cuando quedó preso.

En cuanto a la esposa del ex funcionario, María Amalia Díaz, el juez dispuso su procesamiento en calidad de partícipe necesaria del enriquecimiento, en tanto a los empresarios Galera y Gutiérrez también los proceso, pero en este caso como supuestos testaferros del detenido ex funcionario.

Al fundar su decisión, el juez dio por probado que la esposa de López "participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio" de su marido, desde que ambos vivieron en el lugar a partir del 2011 "a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo".

En cuanto a Galera y Gutiérrez, Rafecas los consideró partícipes necesarios al actuar como presuntos testaferros en las maniobras porque figuraron como sucesivos titulares de la propiedad: desde 2008 a 2010 el primero y el último desde ese año a la actualidad.

"El verdadero dueño de la misma sería desde un comienzo" López, quien "dio innumerables muestras de actuar siempre como 'propietario' y no como 'inquilino'", según consta en el fallo, difundido por el Centro de Información Judicial.

Entre estas evidencias, Rafecas citó el hecho de "encargar y mandar a construir un nuevo cuarto para destinarlo a gimnasio, a un costado de la vivienda", controlar el progreso de toda la obra de remodelación del lugar, "desde la demolición del casco anterior a la terminación final".

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