El Gobierno nacional retrotrajo las tarifas residenciales del gas a los valores vigentes al 31 de marzo pasado, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia, ordenó a las distribuidoras la refacturación de las boletas con la posibilidad de pagar hasta en cuatro cuotas, y fijó que las industrias y los comercios tendrán un tope de suba de hasta un 500% respecto a lo pagado en igual período del año pasado.
Para la jornada de ayer se esperaba la palabra del ministro Energía, Juan José Aranguren, en el Consejo de las Américas, pero a último momento desistió de asistir al encuentro con el argumento del tiempo de trabajo que le demanda la tarea de definir la adecuación tarifaria que el Gobierno deberá presentar para ser analizada en la Audiencia Pública que se celebrará el 16 de septiembre próximo.
La ausencia de Aranguren en el cierre del encuentro realizado en el Hotel Alvear Palace, generó distintas especulaciones a partir de los cuestionamientos que su actuación viene sufriendo en las últimas semanas.
Por estas horas, la cartera energética no sólo debe llevar adelante el reordenamiento tarifario en materia del gas sino que debe aportar a la propuesta que el Gobierno llevará a la Audiencia Pública, en medio de un nuevo frente judicial que las entidades pymes comenzaron a desplegar ante la justicia.
En ese marco, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó ayer una acción de amparo colectiva o de clase ante la justicia federal de San Martín.
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