La fiscalía pidió elevar a juicio a Boudou por el caso Ciccone

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou irá a juicio oral y público por el caso Ciccone. Así quedó establecido ayer, luego de que el fiscal federal Jorge Di Lello requiriera la elevación del expediente. El ex funcionario está imputado por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función, que contemplan penas de hasta 6 años de prisión.
La decisión también alcanza a José María Núñez Carmona, Alejandro Paul Vandenbroele, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri.
En un extenso dictamen de casi 200 fojas, la Fiscalía explicó que tiene acreditado que siendo funcionario público Boudou le compró el 70% de Ciccone Calcográfica a Nicolás y Héctor Ciccone a cambio de realizar gestiones para salvar a la empresa, que se encontraba en una delicada situación financiera.
Luego como funcionario desplegó su influencia para lograr la habilitación correspondiente para poder celebrar contratos con el Estado del que formaba parte.
“Este grupo de imputados, con su participación particular en cada etapa de la maniobra fueron parte esencial para concretar los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra de la firma, con el objetivo de obtener un certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional la elaboración de los billetes de curso legal”, consideró la fiscalía en su acusación.
En el pedido de elevación a juicio oral, la Fiscalía sumó un pedido para tomar declaraciones a otros funcionarios del gobierno kirchnerista que podrían haber estado involucrados en las maniobras de Boudou para quedarse con la imprenta de billetes.
El listado lo encabeza el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
El fiscal Di Lello quiere saber qué rol tuvo el jefe del ente recaudador en el plan de pagos especial que la empresa recibió para abonar sus deudas impositivas. Otros funcionarios que lo acompañaron en su gestión también serán llamados para dar explicaciones.
Entre los convocados está la ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quien en 2012 fue una de las responsables del proyecto del gobierno nacional para estatizar la imprenta de valores luego de que estallara el escándalo Ciccone.
Según dijeron fuentes judiciales, Lijo enviará a todos los procesados a juicio y, además, se apresta a ordenar nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las pedidas por el fiscal.
En diciembre pasado, el juez había dado por cerrada la investigación que llevó cuatro años pero, en ese momento, Di Lello se negó a enviarla a juicio y pidió más medidas de prueba e indagatorias relativas a la ruta del dinero de la maniobra.
En el dictamen firmado ahora, el fiscal aclaró que muchas de esas medidas no se hicieron pero que, igualmente, accedía a enviar ese tramo de la causa a juicio oral y público para evitar más dilaciones.