La Corte anuló la suba en tarifa de gas para usuarios residenciales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves la anulación del aumento de tarifas del gas natural por red para los usuarios residenciales, en un fallo unánime firmado por los cuatro jueces del tribunal.

El máximo tribunal de Justicia dijo que para fijar la nueva tarifas de gas la audiencia pública "es de cumplimiento obligatorio" e instó al Gobierno a realizarla incluso para definir el valor del gas en boca de pozo.

Los jueces Horacio Rossati, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Maqueda firmaron la sentencia sólo para usuarios residenciales porque fueron quienes llevaron adelante las demandas contra el Estado que llegaron a esta instancia.

Así, el fallo frenó los aumentos sólo para los usuarios residenciales que representan el 26% del consumo total de gas natural por red, por lo que las industrias y comercios tendrán que impulsar sus propias demandas si pretenden que también se anulen los aumentos para sí.

En tanto no haya una demanda de otros sectores de la sociedad, como lo son la industria y el comercio, el fallo de la Corte habilitó al Poder Ejecutivo a continuar con el cobro del aumento de tarifas al 74% de los usuarios.

En una ampliación de fundamentos, Maqueda dijo que el mecanismo de participación ciudadana que son las audiencias públicas debe llevarse a cabo respecto de todos los tramos que componen la tarifa final del servicio público de gas: precio en boca de pozo, transporte y distribución.

El Gobierno de Mauricio Macri afirmaba que no era exigible la realización de audiencia pública antes del dictado de las resoluciones impugnadas por tratarse la producción y comercialización de este recurso de una actividad desregulada, es decir, una actividad cuyo precio era fijado por el libre juego de la oferta y la demanda.

Pero Maqueda explicó que ese argumento no es valedero, porque a partir de 2004 el precio del gas pasó a ser fijado por el Estado del mismo modo en que fija las tarifas, por lo que mientras el Estado siga fijando el precio, corresponderá también llevar a cabo obligatoriamente las audiencias públicas.