El vicepresidente Amado Boudou, que cesará en sus funciones el próximo 10 de diciembre, sufrió ayer dos reveses judiciales. Primero, el juez Ariel Lijo clausuró la investigación en el caso Ciccone y ahora el fiscal federal Jorge Di Lello tendrá seis días para definir si pide elevar la causa a juicio oral. Según Lijo, Boudou, cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica que tenía como cliente a la Casa de Moneda, que dependía de la cartera que encabezaba el actual vicepresidente de la Nación. Fueron procesados además de Boudou, sus testaferros José María Núñez Carmona y Alejando Vandenbroele, el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, un ex funcionario de la Afip y el asesor de Economía Guido Forcieri.
Por otro lado, el juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria a Boudou para el 15 de diciembre próximo, en el marco de una causa en la que se acusa al vicepresidente de recibir dádivas. De esta manera, Boudou deberá pasar por Tribunales cinco días después de dejar su cargo. Lo resuelto por Oyarbide fue tras un pedido del fiscal Carlos Rívolo, quien días atrás también reclamó que se imponga la prohibición de salida del país al presidente del Senado. La investigación tiene que ver con la realización de vuelos gratuitos a la ciudad de Necochea, el 17 de diciembre de 2011.
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