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Entró en vigencia la ley

La ley, que declara de interés público a la agricultura familiar, campesina e indígena sancionada en diciembre en el Congreso Nacional y promulgada el 20 de enero por el Ejecutivo Nacional fue publicada en el Boletín Oficial con el número 27.118.
La norma, resultado de un extenso trabajo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y entidades representativas, declara de interés público al sector “por su contribución a la seguridad y la soberanía alimentaria del pueblo” al tiempo que se propone corregir disparidades en el desarrollo regional mediante la reconversión económica y productiva.
La ley es de aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina y se invita a las provincias a adherir o adecuar su legislación.
“La Ley de Agricultura Familiar fue una lucha de este gobierno y con su puesta en vigencia estamos iniciando una nueva etapa de transformación y ejecución de políticas públicas para regenerar y fortalecer a estos sectores que muchas veces fueron postergados por los gobiernos de turno”, destacó el ministro Carlos Casamiquela.
La ley aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional en diciembre de 2014, en el año de la Agricultura Familiar, promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas e indígenas y trabajadores la misma.
Complementariamente, en la órbita del MAGyP, el Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, reúne a representantes del Estado nacional y las entidades de productores que trabajan en la solución de las problemáticas que enfrenta en el sector, las coyunturas del futuro.
Entre los puntos más relevantes de la Ley están: la promoción del desarrollo humano integral, bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades y agentes del medio rural, mediante la diversificación y la generación de empleo en el medio rural, así como el incremento del ingreso, en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir.
Otro punto alude a la corrección de disparidades del desarrollo regional con la atención diferenciada a las regiones con mayor atraso, mediante una acción integral del Poder Ejecutivo Nacional que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.
También contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria; fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable y valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional.
La ley es de aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina y se invita a las provincias a adherir o adecuar su legislación.
La agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. Comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores. La actividad constituye el 53 por ciento del empleo rural.

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