La caída de la empresa Vicentin no es una cuestión simple para el sector agropecuario, y mucho menos para varias decenas de productores de la región, que entregaron la totalidad de su cosecha gruesa a la agroexportadora y no consiguieron cobrar.
La decisión del Gobierno nacional de retirarse del salvataje de Vicentin deja a la firma frente al concurso preventivo sin cooperación estatal ni la "confianza" de sus acreedores, con activos que representan cerca de un tercio de sus pasivos, calculados en 1.350 millones de dólares.
“Hay más de 200 productores pequeños y medianos y 10 grandes chacareros de esta zona que depositaron sus cosechas en Vicentin con una orden de venta abierta para comercializar la soja en el momento de precios más altos, y resulta que la empresa no tiene los granos y evidentemente tampoco cuenta con el dinero para pagar”, señaló un dirigente rural.
En ese sentido, agregó que “aunque no lo decían abiertamente, la mayoría de los productores esperaban una intervención del Gobierno para poder cobrar su producción, porque ahora sí sienten que quedaron todos colgados de un concurso que puede derivar en quiebra y es posible que nunca logren recuperar un peso”.
En tanto, un reconocido acopiador de Chacabuco reconoció que “hay productores de esta ciudad, de los distritos de Junín, Lincoln, Arenales, Viamonte, Alem, Chivilcoy, Pinto, Ameghino, Teodelina, Colón y hasta de Villegas que reclamaron infructuosamente y no pudieron cobrar” y en esa línea advirtió que “la caída de Vicentin provocó un enorme perjuicio económico en toda la zona, porque es mucho el dinero que se dejó de recibir, miles de millones de pesos”.
Idas y vueltas
Después de las críticas y marchas para “repudiar la estatización”, el presidente Alberto Fernández señaló que no va a "estatizar deudas privadas ni a salvar accionistas ni a avalar con el Estado un desfalco", mientras que el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, advirtió que "la quiebra sería la peor salida" pero "siempre está latente en un concurso". Vicentin enfrenta en el concurso preventivo una deuda cercana a los 100 mil millones de pesos entre pasivos con entidades financieras locales e internacionales y acreedores comerciales.
El juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista que entiende en el concurso, Fabián Lorenzini, estableció el 25 de agosto como plazo máximo para verificar créditos. Además, estableció que la Sindicatura tendrá tiempo hasta el 13 de noviembre para presentar los informes individuales y hasta el 16 de marzo de 2021 para el informe general.
Entre la declaración de cesación de pagos por "estrés financiero" el 5 de diciembre de 2019 y el pedido de su propio concurso el 10 de febrero de este año, la empresa fracasó en su intento por arribar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
El 25 de enero presentó una oferta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) que contemplaba la cancelación de la deuda en un solo pago para 1.200 pequeños productores y en hasta ocho años para corredores y acopiadores, mantenía dolarizados los créditos y no establecía quita, pero fue rechazada.
La deuda con el Banco Nación
Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2019, el Banco de la Nación le otorgó créditos por casi 62 millones de dólares a la endeudada compañía agroindustrial Vicentin. Ese préstamo -equivalente a poco más de 3.600 millones de pesos al tipo de cambio oficial de la época ($ 59)- se desembolsó en pocos días.
En agosto de 2019, el Nación -presidido entonces por Javier González Fraga- ya le había prestado 18.000 millones de pesos a Vicentin, unos 400 millones de dólares si se toma una cotización de $44, de aquellos tiempos. El 11 de ese mes (el dólar ya estaba en $ 53), Vicentin incumplió su primer pago con el banco, situación que se repitió en septiembre (dólar a $ 57) y los meses siguientes. Finalmente, entre el 8 y el 15 de noviembre últimos, en apenas una semana, el banco volvió a financiar a ese grupo empresarial, que ya estaba en mora, por 61,6 millones de dólares.
De acuerdo con la Resolución 1994 del banco emitida el 21 de noviembre último, González Fraga y el entonces vicepresidente del Nación, Lucas Llach, ordenaron "aprobar las siguientes operaciones cursadas al cliente Vicentin SAIC para cancelación y retoma de operaciones de Prefinanciación de Exportaciones, durante el período comprendido entre el 1/11/2019 y el 15/11/2019".
A todas luces, una estafa al Banco Nación, en la que se investiga la responsabilidad del titular de la entidad en ese momento, Javier González Fraga, y de los directores de Vicentin.
El concurso
El 6 de febrero el grupo Gagliardo Agrícola Ganadero presentó un pedido de quiebra de Vicentin en un tribunal de Rosario y el 10 de ese mes la agroexportadora santafesina pidió su concurso, abierto formalmente el 5 de marzo.
Paralelamente, un comité de acreedores financieros externos de la empresa solicitó a un tribunal de Nueva York un procedimiento de "discovery", que es un proceso de establecimiento de pruebas para un litigio futuro o en curso, según la tradición jurídica anglosajona.
El tribunal solicitó entonces a Vicentin que presente documentos que incluyan las transferencias electrónicas realizadas en los últimos meses por la firma y sus filiales en distintos puntos del mundo, y también las transacciones realizadas por sus ejecutivos. Los bancos extranjeros reclaman una deuda del orden de los 530 millones de dólares a la compañía.
En ese contexto, fracasó el intento del Gobierno de Santa Fe por acordar la conformación de un fondo fiduciario mixto que permitirá darle continuidad a la operatoria de la empresa y poder, así, generar los recursos para cancelar el pasivo concursal.
Y el presidente Fernández decidió finalmente derogar el decreto que establecía la intervención por 60 días de Vicentin para una futura declaración de utilidad pública y posterior expropiación. "Queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último estaba el gobierno anterior", remarcó Alberto Fernández.
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