En la medida en que pasan las semanas y se acercan las elecciones los teléfonos de las inmobiliarias rurales dejan de sonar y la actividad cae así de la mano del negocio agrícola que, sin rentabilidad, espanta las transacciones.
La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) publicó el Índice de actividad del mercado inmobiliario rural (INCAIR) que se situó en un rango de 24,35 puntos sobre unos 100 puntos posibles, un nivel muy bajo.
Mariano Maurette, vicepresidente de la Cámara y responsable del negocio rural en Alzaga Unzué y Cía SA, dialogó con NA y habló del "silencio" que pesa en las inmobiliarias rurales por parte de los clientes.
"Al no tener una encuesta muy definitoria para ningún lado, respecto de las perspectivas electorales, hace que las grandes decisiones se posterguen", evaluó.
Para Maurette, en orden de los alquileres, fue una "campaña atípica, mala, quedaron campos sin alquilar en la Pampa Húmeda, la cosa fue peor en los campos extrapampeanos".
Consideró que deprime a los productores que los precios de la soja que han caído representan un dólar de 6 pesos: "Es inviable hacer un negocio donde tus costos suben con el dólar billete y la producción la vendés con un dólar oficial, menos retenciones".
En el panorama de la comercialización, según explicó las ventas de campos están muy paradas, ya que "el clima preelectoral hace postergar las operaciones, salvo algunas decisiones ya tomadas y los avisos tienen bajo nivel de respuesta. Hoy el campo tiene muchos problemas y uno es la falta de rentabilidad".
Maurette insistió varias veces que no quiere ser demasiado negativo porque la situación era previsible: En el ambiente inmobiliario rural no esperaban que este año fuera de mucha actividad.
Consideró que el gobierno próximo, sea quien fuere el que gane va a tener que aplicar medidas favorables para el agro porque así no se puede seguir: "es terrible".
Es importante destacar que el Índice InCAIR, el número 22 desde la historia de la Cámara no refleja valores o precios y corresponde al mes de agosto de este año.
Para Maurette no hay que descartar un reacomodamiento del mercado y Javier Christensen, miembro de la Comisión Directiva de la entidad, asegura que la actividad del mercado inmobiliario rural bajó 1,30 puntos respecto al mes de julio de este año y 2,16 puntos con respecto el mismo mes (agosto) del año pasado.
Esto refleja que existe una merma en la actividad inmobiliaria rural.
"Es de prever que hasta después de pasadas las elecciones generales del próximo mes de octubre, las turbulencias continúen", señaló Christensen.
Desde enero del 2015 a la fecha, si bien se notó un incremento de la actividad inmobiliaria rural, el mismo no produjo saltos significativos hasta el momento, sino altibajos, revela el informe.
En medio de estas turbulencias que deprimen los negocios inmobiliarios rurales, una luz de alarma se encendió esta semana, porque se supo que el Banco Nación, en especial, bombardea con intimaciones a productores rurales con amenazas de rematarles sus establecimientos.
El caso más emblemático fue el de un pequeño productor de Allen, en Río Negro que este viernes 18 de septiembre iba a perder su chacra en manos del BNA.
No obstante, tras pedidos urgentes elevados, entre otros organismos, por la conducción de la Federación Agraria Argentina a las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Nación, frenaron el remate.
La situación de la frutihorticultura con entre 200 y 400 mil toneladas de frutas -peras y manzanas- que permanecieron en los árboles hasta caer por su propio peso sin ser recolectadas y menos exportadas, marcaron el desastre de la actividad que se arrastra desde 2014.
Se trata de una finca en la que el productor de peras, manzanas y vid tiene su vivienda, donde habita con su familia y para FAA el hecho de que un pequeño productor no haya podido cancelar su deuda evidencia que es necesario un cambio estructural.
El caso de Jorge Ferroni dueño de las 10 hectáreas que iban a ser rematadas por orden del juez federal Jorge García Davini había sido denunciado por la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén.
La entidad que agrupa a los productores de peras y manzanas del Alto Valle pidió a las autoridades "que suspendan y anulen" esa subasta judicial.
Un matutino porteño denunció que aunque sin la frecuencia de 2001 y 2002, el regreso de los remates de campos no es exclusivo de esta economía regional.
Se dice que en todas las provincias los productores piden que el Banco Nación deje de enviar intimaciones y le reclaman que desista de iniciar acciones judiciales.
Al respecto, en Tucumán, los ruralistas acordaron con el gobernador José Alperovich que se suspendan "los juicios por ejecución fiscal" y también le pidieron gestionar ante la banca pública nacional una medida en igual sentido.
NEGOCIOS AGROPECUARIOS
COMENTARIOS