El Gobierno Nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de combate a los "barrabravas", que apunta a endurecer las penas de los delitos que se cometan en espectáculos deportivos, en medio del escándalo por los incidentes violentos en las inmediaciones del estadio "Monumental", ocurridos en la previa a la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.
Se trata de un proyecto similar al presentado en 2016 que perdió estado parlamentario, y que ahora el Poder Ejecutivo desempolva, aunque incorpora cambios para "aggiornarse" al anteproyecto de reforma penal que se presentará el año próximo en el Congreso.
La iniciativa, denominada "Régimen Penal y Contravencional para la prevención y represión de delitos en espectáculos futbolísticos", contiene 30 artículos y será incluida en el temario de sesiones extraordinarias que el Gobierno convocará por decreto en las próximas horas.
En los fundamentos del proyecto, se destaca que "es de público y notorio conocimiento que la violencia generada en torno a dichos espectáculos futbolísticos se ha visto incrementada con el transcurso del tiempo".
"Resulta imperioso para este Gobierno enfrentar dicho flagelo y recuperar las condiciones de tranquilidad, orden y seguridad necesarias a fin de que la sociedad recobre el hábito de disfrutar de un deporte tan arraigado en la idiosincrasia del país. En el espíritu del presente proyecto de ley, subyace la férrea voluntad de terminar específicamente con lo que se conoce comúnmente como `barrabravas`", subraya el texto.
Lo que dice el proyecto
En la letra del proyecto, se tipifica bajo la figura del "Accionar de grupo" a "la asociación o grupo de tres o más personas que esté destinado a cometer con habitualidad" los delitos asociados a las prácticas barrabravas, y se les aplica una pena de prisión de 4 a 10 años a quienes pertenecieran a esos grupos.
En tanto, se contemplan condenas de hasta 10 años de prisión para quien "tuviere en su poder, introdujere, guardare o portare armas de fuego de guerra o artefactos explosivos".
En el caso de pirotecnia, artefactos químicos, armas blancas, piedras, botellas u otros elementos contundentes, se estipulan penas de entre 3 y 6 años.
Las penas son de entre cuatro y ocho años cuando se trate de "elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos", y también armas de fuego de uso civil".
Por otra parte se asignan penas de entre tres a seis años de prisión a las agresiones o intimidaciones grupales, y de cinco a 12 si se emplearen armas de fuego.
También se apunta a sancionar una práctica muy habitual en el fútbol argentino que es la entrega de entradas a barrabravas por parte de dirigentes de clubes o futbolistas. La sanción prevista es una pena de prisión de entre dos y cuatro años, mientras que la facilitación de ingreso a personas sin entrada al estadio en los días de partidos lleva una pena de seis meses a dos años, y de tres a seis años si dichas personas son barrabravas.
En cuanto a la venta de entradas falsas, la pena estipulada es de entre dos y seis años, y de tres u ocho si el delito fuera cometido por dirigentes, deportistas del club en cuestión o barrabravas.
El proyecto de ley también aborda otras problemáticas colaterales como los abusos de los "trapitos" o cuidacoches sin autorización, con penas de uno a dos años, y de tres a cinco años si el pedido de dinero por el cuidado del vehículo "se desarrollare con exigencia de una suma de dinero, fija o variable".
También se contemplan penas de hasta tres años para personas que inciten avalanchas en las tribunas.
Se prescribe a su vez como pena accesoria a la condena la inhabilitación de seis meses a cinco años para concurrir a todo tipo de espectáculo futbolístico, y también la inhabilitación para ejercer cargos públicos (por el doble de tiempo de la condena) a los funcionarios que sean identificados como instigadores, partícipes o autores de delitos comprendidos en esta norma, en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
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