Debemos ir pensando en el derecho a la ciudad

No suelo pensar en términos de metas a futuro, “antes de cumplir los 50 voy a escribir un libro”, o “antes del 2015 voy a cambiar la heladera”. Para mí el futuro es hoy, trabajo para que las cosas pasen ahora, estoy atenta a las oportunidades que se presentan, tanto en lo individual como en la construcción colectiva.
Por eso pensar el Junín del bicentenario se me hace difícil, pero puedo pensar qué cosas no deberían faltar en ese momento, teniendo tres períodos de gobiernos por delante.
En estos últimos meses se menciona mucho el derecho a la ciudad, y voy a tomar esa idea para pensar algo así como un futuro ideal, como meta, y desde allí comparar con lo que efectivamente  tenemos.
El derecho a la ciudad es la suma de los derechos económicos, sociales y culturales, en el ámbito territorial de una ciudad.  El pleno derecho a la ciudad implica el ejercicio de la ciudadanía de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo, la gestión democrática de la ciudad a través de la participación directa, y la función social de la propiedad. Proponerse alcanzar estas metas es una elección, no necesariamente todos aspiramos a lo mismo.  Y no es un camino por el que estemos transitando y al que tarde o temprano vayamos a llegar, implica un cambio de rumbo.
Creo, como dijo la Presidenta esta semana, que hay sólo dos formas de gobernar, o dos modelos de país: teniendo como meta garantizar derechos colectivos o garantizando libertades individuales. Un estado neoliberal, última mutación monstruosa del capitalismo en su lucha por sobrevivir, sólo ofrece los servicios que los ciudadanos pueden pagar.
En relación al primer punto, el pleno ejercicio de ciudadanía de todos los derechos humanos que aseguren el bienestar general,  en el Junín actual vamos a señalar sólo dos cosas:
En una ordenanza de alrededor de 2005 habíamos encontrado una fórmula para mejorar el estado de las veredas: cualquiera que construyera una casa o la remodelara debía también remodelar su vereda según criterios que establecía la misma ordenanza, facilitando la circulación, preservando el arbolado urbano y exigiendo la construcción de rampas en la esquinas. Consideramos que quien le sumaba valor a su propiedad bien podía colaborar en el mejoramiento del espacio público. Sin embargo, jamás se aplicó, considerando que es un abuso sobre los derechos del propietario frentista. En Junín hoy, quien quiere corta los árboles de su vereda sin consecuencias, pone porcelanato frente a su casa, y nadie hace rampas.
Otro ejemplo de este mismo punto es la falta de transporte público: no es económicamente rentable como negocio, por lo tanto no hay. Los mayores beneficiarios de esta falta de política  son los vendedores de motos, que han tenido a lo largo de más de 15 años ganancias increíbles (sobre todo a través de financiación, haciéndolas accesibles a todos pero endeudando al comprador durante meses). Los principales perjudicados son los vecinos de los barrios más alejados: los jóvenes andan en moto, todos sin casco; los viejos que pueden en bicicletas, el resto camina. Hoy hay un promedio de seis accidentes diarios, muchos de ellos graves. El servicio de emergencias viales está concesionado, pero dice no dar abasto; necesita una unidad nueva que es muy costosa y debería comprar el municipio. El hospital provincial carga con un alto porcentaje de los costos de la atención de los pacientes traumatizados tanto en hospitalización, cirugías y rehabilitación. Cuando un piquete interrumpe el tránsito en una ruta se habla del derecho a la libre circulación, pero en este caso no parece menoscabarse el derecho de nadie.  Por supuesto hay menos escuelas en la periferia que en el centro, las clínicas privadas, las oficinas administrativas, los cajeros automáticos y los supermercados que tienen precios cuidados están en el centro.
Sobre la segunda condición de acceso al derecho a la ciudad, la gestión democrática a través de la participación, también estamos lejos. Hubo algunos acercamientos a la práctica a través de audiencias públicas que no me parecen menores, sobre todo la que debatió el tema del tránsito. Pero en este marco conceptual de lo que se trata es de poner a consideración de todos la renta excedente que el Estado toma de los privados a través de los impuestos, para ponerla al servicio de la ciudad. El presupuesto participativo puede ser una buena herramienta a estos fines.
Sobre la función social de la propiedad hubo en la ciudad un debate muy fuerte por el predio de la terminal de ómnibus, en el cual quedó clara cuál es la posición del municipio entre dos posibles. Hay municipios que, como Trenque Lauquen, tienen políticas activas en el tema; compran terrenos o propiedades ociosas como modo de intervenir sobre el mercado inmobiliario bajando los precios y frenando la especulación. Otros, como el nuestro, meten en el mercado a precio basura terrenos de alto valor, aumentando sus posibilidades a  través de modificaciones de los índices de construcción. El que puede viva ahí, en el centro, estará cerquita de las luces y la diversión, los comercios, las clínicas, los cajeros automáticos y los precios cuidados en el súper. Los que no, vivirán en la periferia, chapalearán el barro para llegar hasta una parada de taxis que le cobrará demasiado caro para llevarlos hasta el hospital, irán de a tres o cuatro en una moto, o caminarán treinta cuadras cargando las bolsitas de súper.
Los próximos gobiernos deberán tener una mirada distinta sobre la función del Estado, sobre la necesidad de construir igualdad social, para que puedan interesarse en alcanzar el derecho a la ciudad, al menos cuando cumplamos 200 años.