En 1992, la Academia sueca le dio el Premio Nobel de Economía a Gary Becker por demostrar, entre otras cosas, que la decisión de cometer un delito de naturaleza económica (contra la propiedad) dependía de un análisis costo-beneficio, efectuado por el potencial delincuente.
La ganancia es muy fácil de representar mentalmente: “Tenía una cámara grande que guardó en la mochila y quise robársela para poder venderla y hacerle un regalo a mi hijo”, dijo el famoso motochorro que asaltó a un turista canadiense y cayó por haber sido filmado en el atraco.
El costo no es tan evidente, ni fácil de aprehender cognitivamente. El malhechor necesita estimar la consecuencia legal de sus actos, ponderarla por la probabilidad de enfrentar una sentencia judicial (que depende de las chances de que lo agarren, del abogado que consiga, de la Justicia, etc.) y sopesar todo eso por el perjuicio que esa penalidad le ocasione, que lógicamente variará de persona a persona.
Estadística
El problema es que, como ya he mencionado en otra oportunidad, de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Justicia, de 769.227 delitos contra la propiedad que se denunciaron en 2008 (último año con datos), sólo 20.353 terminaron con sentencias condenatorias.
Se trata de sólo un 2,65%, pero en realidad el número es aún menor porque muchos delitos no se denuncian.
Por supuesto, el malviviente no conoce seguramente estos datos, pero la percepción subjetiva que se forma de la probabilidad de ser apresado, se construye sobre la base de observar episodios delictivos que aparecen en medios de comunicación o son comentados por vecinos y familiares, junto con su conocimiento de personas que efectivamente son apresadas.
Para tener una idea, según la última encuesta de victimización que hace la gente del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas de la UTDT, el 33.5% de los hogares fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses, en 40 centros urbanos relevados en el país.
Sin embargo, es probable que en cada momento del tiempo exista alguna barrera de tipo moral o ética, que frene a un ladrón potencial, incluso cuando éste considere que los riesgos asociados a su reprobable comportamiento, están más que compensados por la tentación del botín.
Pero en situaciones de extrema necesidad, como puede suceder cuando el consumo que permite el robo es básico para la supervivencia de la persona o su entorno familiar, puede que el individuo sienta que “está jugado” y que no le importen las posibles consecuencias, ni lo contengan limitaciones de principios.
La evidencia empírica sobre la relación entre desempleo y delito no es concluyente, sin embargo. Richard Freeman publicó en la década del 90 una serie de trabajos en los que mostró que no había relación estadística entre ambos fenómenos, pero otros autores como
Christopher Cornwell de la Universidad de Georgia, usando metodologías econométricas más sofisticadas sí encuentran una relación positiva entre ambos fenómenos.
De hecho, si cruzamos los datos de delitos provistos por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, con los números de desempleo del INDEC, entre 1991 y 2008 (último año con datos), vemos que cada punto que sube el desempleo aumenta la tasa de delitos cada 100.000 personas un 3,5% y viceversa cuando el desempleo cae.
Sin embargo, la relación estadística no es tan fuerte y esa variable sólo explica el 22% de los cambios en el delito, sugiriendo que aunque el factor empleo es relevante, no es el más importante de los determinantes.
Otra hipótesis podría ser que es la desigualdad la causante del delito, porque reduce las barreras éticas, en la medida que la persona puede considerar injusta su posición social relativamente desventajosa y autojustificar así su comportamiento ilegal. Aquí el estudio de la literatura científica encarado por Paolo Buonanno de la Università degli Studi di Milano–Bicocca, es mucho más concluyente, señalando que hay un fuerte vínculo entre ambas variables.
Ricos y pobres
En una investigación que hicimos con Guillermo Cruces, del CEDLAS, y Ricardo Pérez Truglia, de Harvard, le preguntamos a la gente si consideraba que las personas ricas debían su posición al esfuerzo realizado para llegar ahí, o a otras causas, entre las que incluimos herencia, suerte y delito.
Los encuestados del 20% más pobre de la población no creían que la causa de la riqueza fuera externa al mérito, ni que los robos hubieran jugado un papel importante, pero sí pensaron eso los que se consideraron a sí mismo pobres (pobreza subjetiva).
Si un entrevistado se declaraba pobre era un 16% más probable que pensara que los ricos habían conseguido su dinero de manera no legal.
En síntesis: las crisis económicas que generan problemas de empleo, pero sobre todo los crecientes niveles de desigualdad, son factores que facilitan la decisión de cometer un delito.
El problema es que cuando el delincuente pasa la raya por primera vez, en la medida que no es detenido, pasa a tener una percepción subjetiva de impunidad que hace caer drásticamente su estimación de la probabilidad de ser apresado, porque ahora ya no importan las estadísticas sino su propia experiencia y en la memoria episódica registra una efectividad del 100%, que se refuerza con cada “trabajo exitoso”.
La Economía del Comportamiento tiene entonces su receta para combatir el delito: evitar las crisis, moderar la distribución del ingreso y dirigir todos los esfuerzos a atrapar y encarcelar no ya al reincidente sino al que comete su primer delito.
MIRADA ECONÓMICA
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