Alguien puede pensar que el problema es la televisión, es decir, los conductores, los productores, la necesidad del rating. Pero si miramos un poco más allá la realidad nos pasa por arriba.
La presencia en el programa de televisión de Mauro Viale del “motochorro” más conocido del mundo que fue filmado por su víctima canadiense cuando circulaba en bicicleta por La Boca no es el problema, es el resultado de años de errores.
Durante mucho tiempo nos cansamos de hablar de los perjuicios que generó la década menemista, pero desde ese momento hasta hoy ya pasaron quince años.
Por lo tanto, a Gastón Aguirre, el motochorro que hoy tiene 33, qué posibilidades de integración social le brindaron durante estos últimos quince años. Qué hizo el Estado para que durante los años de bonanza económica, de precios altísimos de los commodities, del viento de cola para la Argentina, Aguirre elija ser lo que es hoy y no otra cosa.
Pero claro, si lo vemos desde un contexto más general, donde todos los chicos tienen que pasar de grado sí o sí, donde todos obtienen un subsidio sin hacer ningún esfuerzo ni brindar ninguna retribución por acceder a ese beneficio, donde no existe la sanción ni la pena ni la condena, donde el vicepresidente en funciones de presidente está procesado en dos causas judiciales, donde se falsean las estadísticas para demostrar que hay pocos pobres, donde los ejemplos son los “vivos” y no los que se esfuerzan, el “motochorro” no es el problema de nuestra sociedad, es el resultado de los gobiernos de los últimos 25 años en la Argentina.
Y esto no tiene que ver sólo con las políticas públicas sino también con la administración de los recursos. Tal vez existan buenas políticas públicas de inclusión social, pero quién las administra, cómo, con qué objetivos.
Hace un tiempo explicaba en una nota lo mal que se distribuyen los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo en la provincia de Buenos Aires. En esa nota demostraba cómo las ciudades donde hay mayor cantidad de alumnos y mayores problemas de delincuencia juvenil son aquellas que menos dinero reciben para invertir en educación.
La distorsión de esa distribución es tan absurda que por ejemplo el municipio de General Guido, con una población de 666 chicos de entre 3 y 17 años, donde se registraron, en 2012, tres delitos cometidos por menores, recibe $ 1.881,15 per cápita por el fondo educativo. Mientras que Escobar, con una población en edad escolar de 60.838, y donde, en 2012, se registraron 541 delitos cometidos por menores, recibió $ 147,37 por alumno.
En este sentido, hay que saber que del total de los recursos que administran los tres niveles del Estado, el Estado Nacional se queda con el 70%, las provincias con el 27% y los municipios con el 3%. Por lo tanto, atentos a estos resultados es necesario un cambio en las formas de definir las políticas públicas y en la forma de distribuir los recursos.
OPINIÓN
COMENTARIOS