Hace unos días se hizo público el anuncio sobre el nuevo sistema de resolución de conflictos en materia de Defensa del Consumidor, iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional. Lucas Mourlaas, responsable de la OMIC local manifestó que el proyecto de ley muestra “graves falencias” y que por ello la OMIC local debería “afrontar la falta de respuesta de los organismos provinciales y nacionales”. Otra acostumbrada lavada de manos del ámbito municipal endosando responsabilidades a la Provincia o la Nación. Lo irritante es que se expone lo declarado por el funcionario con un ligero aire heroico como si la OMIC realmente asumiera sus responsabilidades en beneficio de la ciudadanía. Eso está muy lejos de ser así. En lo atinente a los reclamos de telefonía celular, es algo que puede comprobar fácilmente quien desperdicie su tiempo haciendo un reclamo.
Mi experiencia puede servir de ejemplo y advertencia. Soy cliente de Personal con quien contraté un seguro de robo, hurto o extravío que en el caso de destrucción total cubre el 100% del valor del equipo. Acontecida la rotura del aparato, reclamé la sustitución invocando el seguro y se me informó que la cobertura ya no era 100 sino 70%, cambio unilateral de condiciones que nunca se comunicó y por tanto rechacé. Reclamé por carta documento, la cual fue rehusada a recibir por Personal. Intenté presentar notas, las cuales se negaron a recibir. En esta situación, efectué la denuncia a la OMIC que fijó una audiencia conciliatoria a la que Personal se excusó de concurrir aduciendo que no tenía el dato de cuál era mi número de línea (constaba en las actuaciones que la OMIC cursó a Personal). Una excusa infantil que ninguna importancia tendría si no fuera porque la OMIC le daba entidad justificativa suficiente. Se fija una segunda audiencia a la que Personal tampoco comparece. Comprendido lo inútil de proseguir en la OMIC solicité el pase del expediente al Juzgado de Faltas, que recayó en el del Dr. Petelli. Apenas solicité la aplicación de multas, Personal dio señales de vida mediante un descargo y un ofrecimiento donde reconocía la obligación de sustituir el aparato. Rechacé ambos dado que se pretendían cobrar valores adicionales nunca contratados. Hubo una segunda propuesta que también rechacé y solicité la aplicación de las multas. Entonces toda la celeridad del juzgado se extinguió al punto que debí presentar un Pronto Despacho para que se dictara sentencia. Es allí donde empieza un rosario de promesas de inminente sentencia hasta que una ordenanza municipal hace que todos los expedientes de defensa al consumidor del juzgado N° 2 pasen al 1 y todos los de multas de tránsito del N° 1 pasen al 2. Después de 10 meses no hay ningún resultado pese a estar probado tanto el daño, como el incumplimiento y las actitudes maliciosas de Personal. Inicié acciones civiles.
Es lógico pensar que si los expedientes de multas pasaron al 2 es porque allí encontrarían más rápida resolución, esta celeridad pecuniaria es lo único que le interesa a la Municipalidad. Que los expedientes de defensa al consumidor pasen al 2 no puede sino ser algo que cause perjuicio a los consumidores.
La situación, en los hechos se traduce en una absoluta indefensión del consumidor que no sólo debe soportar los atropellos, abusos y arbitrariedades de las empresas de telefonía celular sino que sus esfuerzos son aniquilados y diluidos por un perverso sistema que concluye con los reclamos efectuados ante la OMIC olvidados, archivados y sin sentencia en los juzgados de faltas. Esto obliga al usuario a recurrir a la vía legal ordinaria lo cual, a veces, no se justifica por la implicancia económica de los reclamos lo que termina con sus pretensiones de justicia y consolidando la impunidad de las empresas.
Interesante sería saber cuántos de los expedientes contra empresas de telefonía celular que han caído en los juzgados de faltas, provenientes de la OMIC, han terminado con sentencias multando a las empresas prestadoras de servicios y cuántos han quedado cajoneados amparando la impunidad de las empresas. En esa cifra estaría la verdadera medida de cuánto cumplen sus deberes los funcionarios municipales. En otras palabras: si la Municipalidad, en lo que respecta a los derechos al consumidor, ampara a los usuarios o a las empresas de telefonía celular.
Claro, es más fácil despotricar contra un proyecto de ley para tapar lo que no se hace… ¿no Mourlaas?
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