En la actualidad, un emprendedor en la Argentina tiene que analizar ciertas variables que en cualquier parte del mundo estarían por demás aseguradas.
Tener una actividad propia en este país los hace convivir con una serie de riesgos similares a los que se registran en los llamados deportes extremos.
A partir del momento en que se entra al sistema, los riesgos se multiplican y transitar por ese camino se llena de obstáculos.
Es el propio Estado el que propicia situaciones de competencia desleal, con el estímulo a emprendimientos sociales basados en acuerdos políticos que benefician a unos pocos en contra del propio sistema, como es el caso de las ferias llamadas saladas y saladitas, ferias supuestamente artesanales, los manteros, etcétera. Son espacios de comercialización que en ningún caso cumplen los mínimos requisitos legales, de salubridad o de seguridad que se les exigen a cualquier comercio legalmente establecido para desarrollar su actividad.
Por otro lado, los que de alguna manera llegan a lograr un crecimiento y necesitan una dotación de personal, sufren de inmediato el hostigamiento del sistema laboral, que desarrolla un trabajo desmoralizador que desalienta a cualquiera, como es la llamada industria del juicio, donde no impera el derecho, porque un empleador ya es culpable antes de partir, ya que la Justicia no juzga, sino que tan sólo administra los casos en pos de una “redistribución” económica.
“Un especulador”
El cuentapropista, por otra parte, es estigmatizado por el Estado, que muchas veces lo trata como mero delincuente evasor. Pasa a ser un especulador, se convierte en saqueador de la ciudadanía.
Al mismo tiempo, es perseguido por todos los entes de recaudación de manera sistemática, con leyes anti evasión que no permiten tener un desacuerdo en una simple inspección, ya que en breve serán los propios inspectores los que tendrán la facultad de ser jueces y jurados y poder realizar clausuras, pasando por alto el derecho a disentir, el derecho a la defensa, el derecho a la libertad.
No menos importante es la gravísima situación de inseguridad que sufre el comercio; es un flagelo que desde hace ya una década viene siendo la principal preocupación de nuestra comunidad y nuestro sector en particular.
Todos los días sufrimos esos salvajes actos de cobardía que cobran tantas vidas humanas inocentes y se llevan los bienes y los sueños de personas simples, trabajadoras, con inquietudes y aspiraciones que son sorprendidos por los delincuentes detrás de los mostradores, sin ningún tipo de defensa.
Y decimos sin ningún tipo de defensa, porque quien debería estar presente en estos casos debería ser el Estado, el que sí está presente para recaudar los impuestos que el comerciante y el ciudadano común pagan con su esfuerzo.
Es un Estado autista que se desentiende totalmente de esta problemática, que no dispone ningún tipo de ayuda a estos damnificados, de naturaleza económica, asistencial o humanitaria.
Porque para la víctima de un delito no existen los derechos humanos, porque el comerciante es culpable tan sólo por ser un ciudadano con ganas de progresar.
PUNTO DE VISTA
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