Azil no visa la documentación de gastos

El presidente de la comisión de seguimiento de la tasa complementaria de seguridad, Héctor Azil dijo a este diario que en virtud de la presentación efectuada por el concejal Adrián Feldman de un proyecto de comunicación donde se cuestiona la validez de la asamblea donde fue elegido, resolvió “hasta que el Concejo aclare la situación, suspender el visado de la documentación”.
Comentó que el lunes se reunió con el presidente del Concejo Deliberante, Adrián Feldman, junto a otros tres integrantes de la comisión, planteando que “estamos tanto o más interesados que él con respecto a establecer la legitimidad de la asamblea y dispuestos a acompañarlo porque no vamos a aceptar seguir trabajando con dudas respecto a este tema. Le pedí si podía apurar los tiempos, dado su carácter de presidente del cuerpo deliberativo y por ser autor del proyecto para que el Concejo Deliberante, mandante de la comisión, nos solicite lo que crea conveniente: si hay que hacer una nueva elección o si está todo bien”.
“Lo que se determine, lo vamos a cumplir”, sentenció Azil a DEMOCRACIA.
El jueves se realizará una reunión de comisión donde se tratará este tema. “No estoy haciendo el visado de la documentación”, indicó.
Aclaró que “la comisión no autoriza. El Departamento Ejecutivo ejecuta el gasto y la comisión realiza un visado de la documentación, cumpliendo las tareas de control que fue dispuesto por ordenanza del Concejo Deliberante”.

“La Provincia no
cumple”

En torno a la polémica por el cobro de la tasa de seguridad, días después de que Sociedad Comercio e In-dustria,la CGT y algunos foros pidieron, aunque no ratificaron, la derogación de la tasa complementaria de seguridad, Azil, en diálogo con DEMOCRACIA, manifestó que “el costo de la seguridad lo financiamos con impuestos provinciales por lo que la Provincia nos debería garantizar todo lo necesario pero la realidad es que desde 1994 existe un convenio entre el municipio y la Provincia por el cual ésta traslada a la comuna algunos costos a cambio de algunos compromisos que también asumía en ese momento”.
“Actualmente, pero desde hace muchos años y como lo venimos denunciando, no existe la contrapartida de ese convenio porque quienes en realidad estamos aportando con la tasa somos los ciudadanos que sobrecumplimos ese convenio ya que en un primero momento establecía que la Municipalidad de Junín iba a cumplimentar para tareas de seguridad hasta 670 mil pesos al año”, dijo Azil.
Recordó que en el año 2007 se llegó a ejecutar alrededor de 1.200.000 pesos y hay una proyección de ingresos para este año por el aumento de la tasa, de un millón y medio de pesos.
“No existe contrapartida porque el Ministerio (de seguridad) no cumple ni siquiera mínimamente para garantizar un buen funcionamiento policial, por ejemplo con respecto a los móviles”, agregó.
El 9 de enero, la comisión de seguimiento junto a los tres foros de seguridad realizaron un pedido al ministro Stornelli, por nota, donde se le ponía en conocimiento de la tasa de seguridad detallando someramente los ingresos, pagos y mantenimiento detallado de móviles, motos y bicicletas a la vez que se pedían doce patrulleros más.
“Lamentablemente, como periódicamente sucedió, no fuimos escuchados. Mantuvimos un encuentro con Stagnaro que en ese momento era subsecretario de relaciones institucionales a quien le anticipamos todo lo que después pasó en Junín: los problemas de seguridad, las deficiencias de la distrital, los inconvenientes con los móviles y que si desconfiaban, se les pedía que vinieran a Junín. Lamentablemente no aceptaron esa invitación pero después tuvieron que venir obligados por las circunstancias a traer paliativos y a minimizar el problema, que es lo grave”, dijo Azil a DEMOCRACIA.
Azil expresó que “el poder de derogarlo lo tiene el Concejo Deliberante pero si quisiera, el municipio estaría en condiciones de denunciar el convenio por falta de cumplimiento de la contrapartida que es el Ministerio de Seguridad”.

¿Es posible una tasa decreciente?

Por Luis Domenianni

Al día de la fecha, no ingresó a la mesa de entradas del Concejo Deliberante ninguna solicitud para derogar la tasa complementaria de seguridad. Como se recordará, durante la semana del cierre de comercios en Junín, desde varios sectores, fue mencionada la posibilidad de dejar sin efecto dicha tasa que el municipio percibe a través de las facturas de luz y utiliza para hacer frente a distintos gastos necesarios para el funcionamiento policial.
La respuesta municipal, por aquellos días, consistió en advertir sobre los problemas que podría ocasionar esa decisión. El propio intendente Mario Meoni, quien catorce años atrás se opuso, como concejal, a su sanción, recordó su argumento de por aquel entonces, cuando fundamentaba parte de su oposición por aquello que "una vez votada y percibida, nunca iba a poder ser derogada".
Vale señalar que Junín es uno de los muy pocos distritos de la provincia de Buenos Aires que decidió sustituir al gobierno provincial en su obligación constitucional de financiar el funcionamiento policial. Dicho de otra manera, en la casi totalidad de las municipalidades bonaerenses, los vecinos no pagan un "extra" para, por ejemplo, el combustible de los móviles.
El propio ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, a cuanto intendente se le acerca para hablar sobre la materia con pedidos de móviles, contesta que el envío de cuatro nuevas unidades tiene mucho que ver con que su mantenimiento estará a cargo de los contribuyentes juni-nenses.
De cualquier forma, el ni siquiera comenzado debate sobre la vigencia de la tasa, nunca estuvo vinculado con la cuestión teórica. Nadie usó el argumento de la doble imposición -tema que puede ser discutible dados algunos tecnicismos jurídicos y algunas acordadas de la Suprema Corte- sino que los críticos de la tasa prefirieron supeditarla a la efectividad del accionar policial. Así, debe comprenderse el actual silencio sobre la materia. Es como que todo está pendiente de los resultados obtenidos. Un comportamiento que se parece más a la relación entre consumidor y proveedor que al vínculo entre contribuyentes y Estado.
Pero, más allá de cualquier especulación, quienes sostienen la necesidad de mantener la gabela, anteponen las dificultades presupuestarias que acarrearía su derogación. Cierto es que el presupuesto para el año en curso ya fue votado por el Concejo y cierto es, también, que su reformulación implicará afrontar los gastos que no son corrientes y que se atienden con la tasa, con recursos que están destinados para otros usos. En síntesis, sería necesario reformular el cálculo de gastos e ingresos y reducir los egresos para otras necesidades.
Lo expuesto vale para el presente año. No tanto para los años subsiguientes. La Municipalidad suscribió en el año 1994 un convenio "ad hoc" con la provincia de Buenos Aires. Así como se firma un tratado, también se lo repudia. Por supuesto que no es gratuito. De un acuerdo, aún desistido, subsisten obligaciones. Pero ¿Qué podrá aducir el gobierno provincial ante la Suprema Corte, cuando la obligación que se incumple consiste en su deber indelegable? ¿Dejará de reparar los móviles? ¿No enviará combustible? ¿Las reparaciones las llevará a cabo en talleres ubicados fuera de Junín? Si así fuese, sería lo más parecido a una práctica de chantaje.
Ahora bien ¿Qué se cubre con la recaudación de la tasa de seguridad? En primer lugar, el "leasing" -figura contractual que representa un alquiler con opción de compra- de varios patrulleros, un punto conflictivo por cuanto la titular es la Municipalidad. Con todo es posible pensar en continuar con los pagos hasta su agotamiento y no tomar nuevas unidades para cortar con el círculo que implica llevar "ad infinitum" la tasa.
En segundo término, gastos corrientes. Es decir aquellos que no implican una obligación futura. Aquí se incluye el mantenimiento de los vehículos, parte del combustible que utilizan y algunos elementos para la administración como resmas de papel.
La Provincia no pone un peso para las reparaciones y envía 580 pesos mensuales para el combustible de los vehículos nafteros y 400 pesos mensuales para los gasoleros, valores que alcanzan para menos de una semana de funcionamiento. Sí, paga los sueldos del personal y el armamento.
Frente a ello, los contribuyentes de Junín se hacen cargo del combustible para, aproximadamente, 25 días mensuales, y de la totalidad de las reparaciones de 49 móviles -incluidos los cuatro nuevos-, 12 motos y 9 vehículos de bomberos, aunque en este último caso no paga el combustible.
Pues bien, si el "leasing" no se puede dejar de lado de la noche a la mañana y habrá, seguramente, que pagar hasta su finalización, otro es el cantar con los gastos corrientes. Si resulta engorroso reformular el presupuesto, sobre todo por la necesaria intervención del Tribunal de Cuentas y otros organismos, nada impide terminar con la obligación del pago a partir del próximo ejercicio.
No se trata de tirarse sin paracaídas, ni siquiera con paracaídas, se trata de aterrizar: la tasa continuaría por dos o tres años más -lo que duren los actuales leasing- pero sería descendente a partir de 2009 porque dejaría de cubrir los gastos corrientes.
Es sólo un aporte para la discusión.