Riesgos y letra chica de la emergencia en seguridad

La declaración -vía decreto- de la emergencia en seguridad de la Provincia asoma como una de las medidas más rimbombantes que, en esa materia, ha adoptado Daniel Scioli. Se perfila también como uno de los ítems discursivos en el que se basará su ya lanzado proyecto presidencial que, por cierto, tiene uno de sus puntos débiles justamente en ese aspecto: al cabo de casi siete años de gestión, el Gobernador maneja la provincia más peligrosa del país, con cifras oficiales sobre el delito que dan escalofríos.
Es una apuesta arriesgada la de Scioli: lo obligará a mostrar resultados concretos cuando la carrera hacia la Casa Rosada esté oficialmente lanzada, algo para lo que no falta tanto. Para colmo Sergio Massa, su rival más directo hasta el momento, también juega con la carta del combate a la inseguridad como bandera de su propio proyecto.
A Massa le fue bien el año pasado en las elecciones legislativas, cuando “vendió” los supuestos resultados positivos que logró como intendente de Tigre combatiendo la inseguridad. En campaña nacional, le será más fácil al diputado atacar con este tema que al Gobernador defenderse, aún cuando el Frente Renovador difícilmente pueda sacarle el cuerpo a la invitación que hizo Scioli a toda la oposición para apoyar sus iniciativas en favor del bienestar de los bonaerenses.

Un punto clave

Pero para esa instancia de puja presidencial abierta aún falta. Ahora se espera que la emergencia sea bastante más que un anuncio. En la batería de medidas que impulsará el gobierno provincial hay un capítulo que debería ser observado con especial atención. Es el referido a la intención del Poder Ejecutivo de impulsar la colaboración de unos 40 mil agentes de seguridad privada en las tareas de prevención del delito.
En el anuncio realizado el sábado pasado, con casi todo el gabinete sciolista poniendo la cara, se habló  de incorporar a los efectivos de la seguridad privada a la llamada “red de prevención” para que avisen a la Policía cuando observen situaciones de riesgo.
Dicho así, en principio eso parece una obviedad que ya sucede bastante seguido, en especial cuando los agentes privados custodian lugares de público masivo, como hipermercados, sanatorios, shoppings y demás.
Pero conviene ver más allá del anuncio. La verdad es que la relación entre las empresas del sector y el gobierno provincial no atraviesa un buen momento.
En la provincia de Buenos Aires existen 376 empresas de seguridad privada registradas oficialmente en el Registro Público que depende del ministerio que conduce Alejandro Granados. Según esos informes, a junio de 2011 revistaban en ellas 39.961 vigiladores. Se calcula que actualmente los que cumplen tareas efectivas son bastantes más, entre otras cosas porque hay empresas truchas que no están registradas.
La actividad está regulada por una ley del año 1999, la 12.297, aprobada durante la gestión del entonces gobernador Eduardo Duhalde. La Cámara de Empresas de Seguridad Privada de Buenos Aires (CAESBA), con el respaldo del sindicato de vigiladores, está buscando hace tiempo que se apruebe una nueva norma, actualizada a estos tiempos pero, sobre todo, que dé un marco legal claro para dejar afuera del negocio a las compañías que no están registradas y que no cumplen con los convenios y contratos de trabajo. Para ellos es una competencia bastante desleal, que logra funcionar con costos menores a los que deben afrontar los inscriptos por derecha.
Pero esa ley está trabada en la Cámara de Diputados. Fuentes del sector parecen sospechar que hasta ahora, en especial desde que Granados es ministro, la administración sciolista no ha mostrado demasiado interés en aprobarla. De hecho, los empresarios han tenido un contacto con Massa, que se comprometió a respaldar la iniciativa si le introducen mínimos cambios, como un mayor control de los intendentes a la actividad, vía pago de una tasa que las empresas deberían abonar a los municipios.
Sorpresa
Por aquella situación de distancia relativa entre los empresarios y el gobierno provincial, en la cámara del sector sorprendió la alusión a la colaboración de los vigiladores privados en tareas de prevención del delito. Eso, a pesar de que el proyecto de ley en cuestión prevé ese trabajo conjunto (Artículo 11º, inciso “a” en términos generales; y artículo 6º, en lo relacionado a las personas o bienes que estas empresas custodiaren).
El proyecto es el expediente D 1932/12-13 que tiene estado parlamentario. Fue presentado el año pasado por el ahora titular de ARBA, Iván Budassi, cuando revestía como diputado provincial, una de las principales espadas que tenía allí el sciolismo.
Estuvo a punto de ser tratado pero el trámite se paró por otras necesidades legislativas que tuvo el oficialismo en ese momento y porque se generó una polémica en torno a un par de capítulos del proyecto.
Uno es el artículo 7º, que estipula que las empresas “tendrán la obligación de comunicar en forma inmediata a la autoridad policial toda situación que implique algún riesgo para los bienes o la integridad física de las personas, aún aquellos que no estén bajo su custodia. En casos de flagrancia, el personal de los prestadores deberá actuar como agente de seguridad pública debiendo comunicar su intervención a la autoridad policial o judicial en el menor tiempo posible”.

Artículo 13

Leído así, parecería que se trata de la colaboración que busca ahora el Gobierno. Pero en el artículo 13º agrega: “Tendrán prohibido intervenir en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso; salvo en casos de flagrancia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7”.
Un delito es flagrante cuando es descubierto por las autoridades al momento en que se está cometiendo o cuando se acaba de cometer. Los críticos de esta idea, tal vez un poco exageradamente, dicen que prácticamente se les daría a los vigiladores la potestad policial para actuar (¿reprimir?) en manifestaciones, protestas y demás. El debate está ahora en stand by y podría activarse en el marco de la emergencia en seguridad decretada, al menos mientras no caiga el estado parlamentario del proyecto.
Fuentes de CAESBA consultadas por este diario dijeron que hasta ayer a la tarde ningún funcionario del Gobierno se había comunicado con ellos para hablar del tema anunciado por Scioli el sábado pasado. Consultados en el Gobierno, los voceros aseguraron que el contacto se producirá en breve.