Viene un tiempo donde se acabaron las palabras”. Así de rotundo fue ayer el intendente de Junín, Mario Meoni, a la hora de responder sobre la emergencia por la seguridad en la provincia de Buenos Aires.
Así, consultado por Democracia, el jefe comunal aseveró: “Me parece importante que de una vez por todas se reconozcan los problemas para poder combatirlos y dar respuestas con hechos concretos a lo que nos está demandando la sociedad”.
“Creemos que es importante ofrecer la tecnología y los equipos que ya desarrollamos en todos los municipios, las salas de monitoreo, la ubicación estratégica de las cámaras, la asistencia a los patrulleros y los botones de pánico domiciliarios”, consideró el funcionario massista.
“Estamos para ayudar”
Y añadió: “El reconocimiento de la situación de emergencia es auspicioso, porque el responsable de la seguridad en toda la provincia de Buenos Aires finalmente asumió que la situación es grave y que está dispuesto a enfrentarla”.
“Nosotros estamos para ayudar a resolver la emergencia; lo que la gente reclama es que haya más seguridad, penas más duras y que se termine con la impunidad a partir de la cual un delincuente entra por una puerta y sale por la otra”, afirmó el jefe comunal y señaló que “por eso, no es momento de señalar responsables y echar culpas”.
Control
“Creemos que es fundamental establecer una comisión de control, integrada por todos los sectores de la oposición, para medir cada 90 días los resultados de las medidas anunciadas; así no queda todo en simples anuncios”, manifestó.
El anuncio del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, sobre la emergencia llegó en medio de una oleada de hechos delictivos y de graves episodios de violencia social.
Como informó este diario, la medida tendrá vigencia por los próximos doce meses y le permitirá a la gestión provincial “agilizar la toma de decisiones” para disponer de recursos y personal que refuercen la dotación policial.
“La población está siendo sometida a un ataque cruel y salvaje por parte de la delincuencia. Por eso demanda respuestas concretas”, dijo Scioli este sábado al argumentar la razón de las medidas, que comunicó en una conferencia de prensa en la sede de la Casa de la Provincia en la Capital.
Allí, el mandatario estuvo acompañado por todos los ministros y secretarios de su Gabinete. En la primera fila del auditorio, en tanto, fueron ubicados los integrantes de la nueva cúpula de la Policía, mientras que el jefe Hugo Matzkin y el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, se apostaron cerca de Scioli en una tribuna lindante al estrado.
La emergencia permitirá la “convocatoria inmediata” y obligatoria de personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario.
Como parte del paquete de medidas (ver infografía), el Ejecutivo bonaerense también dispuso la convocatoria a “sesión permanente” del Consejo de Seguridad Pública. El Gobernador busca así “comprometer a la oposición” para que participe activamente de ese organismo y no se limite a cuestionar su gestión “por los medios de comunicación”.
El mensaje del sciolismo, en este punto, pareció dirigido al Frente Renovador massista. El propio Gobernador instó a las fuerzas de oposición a “abandonar el egoísmo y el oportunismo” frente al flagelo de la inseguridad. También convocó a la Mesa de Justicia y a la Federación de Municipios (FAM), que en la órbita bonaerense lidera el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Para disponer de recursos que permitan instrumentar las medidas, el Banco Provincia hará un aporte de 600 millones de pesos para la compra de 1.000 móviles policiales equipados, 30.000 chalecos antibalas y 10.000 armas “con sus respectivas municiones”, explicó Scioli y dijo que eso era posible porque la entidad saneó sus cuentas y “no se le manotee dinero para cubrir los baches fiscales”.
El objetivo de Scioli y de Granados es que los vecinos de la Provincia -especialmente los que residen en el Conurbano y en las grandes urbes- perciban más presencia policial en las calles.
Por eso buscarán ampliar de 12 a 42 los municipios abarcados por el flamante “comando de patrullas”, mientras se aguarda la sanción de la ley de Policía Local en la Legislatura.
Un aspecto del plan presentado destinado a levantar polémica es la incorporación de 40.000 agentes de seguridad privada para sumarlos a una coordinación operativa con las fuerzas de seguridad. Otras medidas, en cambio, obtendrían más consenso como la promoción de un “botón de alerta para teléfonos celulares” o la creación de 50 fiscalías descentralizadas en toda la Provincia.
En la búsqueda de recuperar la iniciativa política frente a un tema crítico de su gestión, Scioli también advirtió sobre la necesidad de adecuar la legislación para contemplar a los menores que delinquen, dando a entender que está de acuerdo con una baja en la edad de imputabilidad, a contramano de lo que sostiene buena parte de la dirigencia enrolada en el kirchnerismo.
“Es un debate necesario porque estamos regidos por una norma de la dictadura”, sostuvo Scioli y recordó que mandó a presentar un proyecto de ley en el Congreso nacional para que el trámite de las excarcelaciones se realice en una audiencia y disponga de “máximas restricciones para reincidentes y para los que usan armas”.
En cuanto al narcotráfico, el Gobernador se pronunció a favor de lanzar una “persecución del delito en su faz económica, mientras que alentó la “equiparación de la figura de tenencia y portación de armas”, igualando “calibres de armas civiles y de guerra”.
Como contrapartida, abogó por la profundización de “los programas de inclusión social que promovemos desde el Gobierno”. Scioli prometió que “todo el peso del Estado se hará presente contra los asesinos y delincuentes”, aunque también pidió a los medios que informen con “responsabilidad social” y reclamó a las fuerzas de oposición que “no le mientan a la sociedad”, porque en materia de seguridad “no hay soluciones mágicas”.
LA PROVINCIA, EN “EMERGENCIA” FRENTE AL AVANCE DEL DELITO
Meoni, sobre seguridad: “Se acabaron las palabras y deben llegar los hechos”
El intendente de Junín destacó la importancia de que “se reconozcan los problemas para poder combatirlos”, pero reclamó la creación de una comisión, integrada por todos los sectores de la oposición, para medir los resultados de las medidas anunciadas.
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