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ANÁLISIS

El Inmobiliario Rural y el régimen de coparticipación

El día 7 de noviembre de 2013, la Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata tuvo oportunidad de expedirse sobre una supuesta analogía entre el Impuesto Inmobiliario Rural provincial con los Impuestos nacionales a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta, en el marco de lo regulado por el artículo 9º inciso b) de la Ley Nº 23.548, el cual veda a las provincias establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipados.
El contribuyente impugnante sustentaba la mentada analogía del impuesto local con los tributos nacionales en razón del actualmente eliminado “índice de productividad” elaborado por el ministerio de Asuntos Agrarios y contemplado, en la estructura de liquidación de la gabela provincial, en las leyes fiscales de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, el cual resultaba de aplicación a los valores arrojados por la escala de alícuotas del impuesto según las condiciones de productividad de la zona en que se encuentre ubicado el inmueble que se trate.

Sobreliquidación

Exponía, el quejoso, que el “índice de productividad” del que se agravia “se incorporó como una alícuota que sobreliquida el impuesto inmobiliario ya liquidado, y por dicha porción, genera una supra cuantificación del tributo que se superpone con ganancias y con mínima presunta, desde que proyecta una rentabilidad de la actividad por la zona de producción agropecuaria, que luego la incorpora al hecho imponible sin que dicha recuantificación estuviese prevista en los artículos 169, 170 y concordantes del Código Fiscal”.
De esta manera, agrega el apelante, se genera un “impuesto inmobiliario mixto”, toda vez que, por un lado, el impuesto rural básico grava a la riqueza en tanto manifestación patrimonial (los inmuebles rurales) y, por el otro, el componente productivista del índice de tratas grava una manifestación de riqueza distinta, cual es la renta real o presunta calculada en función de la capacidad productiva potencial de aquellos.
Sin embargo, a la hora de sentenciar la Cámara desecha el recurso interpuesto en tanto no se han logrado rebatir los argumentos esgrimidos por el juez de primera instancia a la hora de rechazar la pretensión del contribuyente, a saber: a) el índice de productividad en debate (previsto por el art. 2º de la Ley Nº 13404) no es un tributo, sino un coeficiente para determinar el monto del Impuesto Inmobiliario; y b) la manifestación de la riqueza que se grava en este último y en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (además del propio Impuesto a las Ganancias) es completamente diferente, lo que es suficiente para descartar de plano el presupuesto de la analogía tributaria y, por ende, la alegada (por la actora) superposición entre un impuesto local y nacional.

Pauta objetiva

Señala la Cámara que el hecho de incorporarse el mentado coeficiente al Impuesto Inmobiliario Rural es a los solos fines de determinar el monto del gravamen, incorporando una pauta objetiva de condiciones de productividad de la zona en que se encuentre ubicado el inmueble que se trate.
Resaltan los jueces que el fin del índice atacado es determinar el real valor del inmueble, a través de un mecanismo que contemple la productividad de la “zona” en que se encuentra ubicado (pauta objetiva y general) y no la renta o ingresos obtenidos por cada propietario (ya sea persona física o jurídica).
Dicha circunstancia, agrega la Cámara, aleja al Impuesto Inmobiliario Rural tanto del Impuesto a las Ganancias como al de Ganancia Mínima Presunta, ya que estos tributos tienen en miras lo producido por la actividad a título oneroso que desarrolle cada contribuyente a modo individual o personal en un determinado período de tiempo, y es claro que el índice en debate tiene otro objeto, cual es la evaluación general de la “productividad” de una zona determinada de la Provincia, no ya para calcular o presumir la capacidad contributiva de las personas, sino desde el aspecto en que dicha productividad de la zona pueda incidir en el valor real del inmueble en que se desarrolla la actividad.

Exclusión

Tampoco pasa por alto la Cámara el hecho de que el Impuesto Inmobiliario es uno de los expresamente excluidos de la prohibición de analogía del art. 9º de la Ley Nº 23.548, para el cual no se contemplan específicas pautas de regulación como acontece con otros impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos).
Por último, la Cámara descarta el argumento esgrimido por el apelante en torno a la incompetencia del ministerio de Asuntos Agrarios para establecer el índice de productividad atacado, sobre la base de que es una ley la que atribuye una competencia específica a un ministerio para elaborar un índice relativo a las condiciones de productividad de la zona en que se encuentre ubicado el inmueble donde se desarrollan habitualmente actividades agropecuarias.


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