PUNTO DE VISTA

Ayuda estatal, Estado de derecho y transparencia

En estos tiempos de crisis de los servicios públicos, la proliferación de las ayudas públicas ha generado mansedumbre humana a cambio de tranquilidad o facilitación de prestaciones, de bienes y servicios, porque los dirigentes y políticos las desvían para clientelismo político afectando la libertad.
Hay que escapar al control estatal de libertad vigilada y pastoreada, negadora de la creación y el talento. Esa clientela política, a libre elección del político de turno, lo es sin controles sociales, legislativos ni judiciales.
Esto no aprecia límites. La justicia no reacciona pues, lenta, tiene escasos medios para controlar ese enorme avance y la política desviada no garantiza nuestra libertad. Los afines a este modelo obtienen concretos beneficios, generalmente económicos, que genera un Estado corrupto que padece toda la Nación. Es patético: “…nuestros nuevos señores feudales han montado como ocurriera en la Edad Media un complicado sistema de peajes, pago de derechos de todo tipo, gabelas, diezmos, han creado una red de agentes, recaudadores, controladores y dadores de ventajeo y tienen a su servicio un complicado entramado de normas y reglamentos con quien amenazar a los insumisos”.
Hay que combatir la corrupción y defender la transparencia. Hay que saber cuánto gasta el Estado; en qué gasta y regular legalmente las técnicas de subvenciones, subsidios, primas, exenciones, etc. La ayuda estatal es para quien la necesita y no para quien arme una justificación artificial.
Las ongs capaces deben asumir con eficacia y calidad ese control que reduzca el riesgo de ciudadanos pobres, dependientes y tentados de recibir y reclamar servicios gratis, subvencionados o subsidiados.
El cobro del desempleo encubre muchas veces un fraude que todos comentan pero disimulan. No se fomentan políticas del trabajo y ni en qué se basa el desempleo. Se financia el desempleo y no el empleo.
El déficit público no tiene más riqueza que lo sostenga. ¡Atención! “…El hecho de que algunos se embriaguen no debe animarnos a seguir bebiendo”.
Ese gasto público piensa en lo electoral, y los opositores miran qué les indica la encuesta de turno. No quieren perder votos, las elecciones, el gobierno y el poder. La ciudadanía no reacciona, no controla, no reclama orden ni transparencia y se conforma con una ilusoria y efímera prosperidad económica de supervivencia, perdiendo libertad. Desea mayores prestaciones o beneficios que el impuesto que paga (que muchos ni siquiera lo pagan); las cosas y los servicios gratis o a bajo costo y presiona para más beneficios sin pedir reducción de impuestos y que sea más racional el gasto publico.
La asimetría entre los costos y los beneficios es clara; esta fiesta no es gratis ni libre. Así estamos y estaremos! Mientras, el despilfarro y lujo oficial de los políticos son aviones y viajes aéreos particulares encubriendo o no cuestiones públicas, residencias oficiales, fiestas fastuosas, ostentación, viajes de grandes séquitos.
Hay que recuperar la austeridad y humildad republicana y servicios públicos con regulaciones que aseguren la calidad del servicio, protección al usuario y defensa de la competencia.
El control ciudadano y los nuevos legisladores deben poner límite a este desborde junto a los de subsidios y subvenciones, eliminando la corruptela, dádivas y clientelismos que no soportarán ni a mediano plazo. Hay que controlar el gasto público con participación ciudadana, legislativa y judicial.
Está en juego la gobernabilidad, la calidad institucional y la transparencia en la gestión pública y “…estar dispuesto a enfrentarse a mucha gente para realizar un cambio social realmente importante” (Lord Moore).
La política debe garantizar y concretar la libertad impidiendo cualquier absorción aunque sea sutil; Desnudo, pero libre, dijo el gran San Martín. Las subvenciones o subsidios hay que sujetarlos al principio de ley; estabilidad presupuestaria, de igualdad y de procedimiento bajo régimen de transparencia, publicidad y libre concurrencia entre todos las personas que puedan estar interesadas en la obtención; con cauces regulados, asignación equitativa de recursos públicos y programación según criterios de eficiencia y economía.
Deben ser equitativas, austeras y eficientes, con un plan legal estratégico de base reguladora de cada subvención, con objetivos y efectos para su aplicación, plazo, costos y fuentes de financiamiento. Debe eliminarse la liberalidad e improvisación en su otorgamiento. Los regímenes específicos nacionales, provinciales y municipales no responden a una ley general de ayudas oficiales, habilitando la discrecionalidad, la falta de planificación estratégica la arbitrariedad.
Es una falta de respeto a la Constitución, el Estado de derecho , la transparencia y al pueblo argentino.


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