Me pareció oportuno en esta columna abordar uno de los problemas que más dificultades genera en el presente desarrollo de nuestra democracia. No sólo porque vemos dificultades en el manejo general de la violencia, sino porque existe una cultura de la apología de la violencia que se transmite cotidianamente por algunos medios masivos de comunicación.
Nadie duda que el problema de cómo construir una convivencia segura, pacífica, tolerante frente a la diversidad y respetuosa de los derechos de cada uno es una de las tareas más difíciles que deben encarar los países de esta región.
Todavía compiten en estos dos modelos de política de seguridad que son antagónicos y que responden a visiones muy diferentes, tanto del problema como de las soluciones admisibles.
Hay un modelo que algunos llaman de “populismo penal” que considera que los problemas de seguridad son antes que nada una cuestión policial, que mantiene la tendencia a la militarización, que se expresa tanto en la forma de organización policial como en el lenguaje de “combate” a la delincuencia y, más grave aún, con la incorporación del Ejército a la tarea de seguridad.
Son, en rigor, los que hablan de “mano dura”.
Este populismo sostiene la demagogia punitiva, es decir, el recurso a un aumento de penas, el cual nunca mostró efectividad y ha provocado la degradación de las cárceles.
Otro modelo es el de la seguridad democrática, dónde la política de seguridad es más amplia, compleja e integral, se desarrolla a través de todo un sistema de instituciones, que deben ser gobernadas por la dirigencia política.
La institución policial cumple una función importante dentro de este sistema pero no se le debe encargar el diseño ni el gobierno de la política de seguridad.
Este modelo reconoce la complejidad y legitimidad de la demanda ciudadana por mayor seguridad como una reivindicación de la vida pacífica, pero se pretende construir un diálogo con la sociedad que se sustente en la comprensión de las causas, la enormidad de las dificultades de la administración de las sociedades modernas, convocando también al debate y la participación de distintos sectores sociales.
En este modelo el control es una herramienta central en la ejecución de las tareas de seguridad, en especial las policiales, y la transparencia es también una herramienta útil en la construcción de la paz comunitaria y de la legitimidad de las fuerzas de seguridad.
A grandes rasgos estas son algunas de las diferencias de dos visiones que hoy compiten en nuestro país.
La democratización es un proceso más lento de lo que quisiéramos, pero nos permite debatir ideas acerca de cómo gobernar el sistema de seguridad y construir políticas de seguridad.
Finalmente serán los ciudadanos quienes elijan los distintos modos de llevar adelante una política de seguridad ciudadana. Pero en estos momentos el desafío central es que estas ideas realmente se discutan y se ejecuten con las herramientas que las democracias republicanas, sometidas al Estado de Derecho, nos exigen.
OPINIÓN
COMENTARIOS