No me estoy refiriendo al fruto de las solanáceas, cuyo futuro encarecimiento preocupa de tal modo al Gobierno, que hasta se pensó en importar tomates de Brasil. Seguramente debe ser el principal problema por el que atraviesa nuestra sufrida Argentina. La inflación, la crisis energética o la inseguridad han pasado a un segundo plano.
Precisamente y refiriéndome a este último flagelo, creo que la que está “del tomate” es la Comisión que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Penal.
Cuando nuestra sociedad está actualmente cada vez mas expuesta ante el creciente incremento de los delitos contra las personas y la propiedad, estos juristas, inmersos sin lugar a dudas en la filosofía jurídica penal garantista, proponen una serie de reformas en las que las víctimas o los efectos del delito no son tenidos en cuenta y como contrapartida, por ejemplo, considera las consecuencias lesivas que hubiere sufrido el autor del hecho (art.18e), o ser un atenuante tener menos de 21 años; o quien mató en estado de “emoción violenta” puede ser eximido de prisión o recibir los beneficios de la “probation”.
También se dejaría de considerar la reincidencia. Es decir, suponiendo el caso de un asesino serial, se lo juzgaría sin tener en cuenta los ilícitos anteriores.
En fin, el proyecto facilita la sustitución de las penas privativas de la libertad por la detención domiciliaria, obligación de residencia, trabajos comunitarios, etc. (art.22) o la implementación de una o más penas alternativas.
¿Han tenido en cuenta, en algún momento, los integrantes de la Comisión, casos como el del juez de ejecución que dispuso la excarcelación de un violador, que a los pocos días violó y asesinó?
Recuerdo algún antecedente sobre el tema: cuando el ex Procurador General Righi fue designado -presidencia de Cámpora- ministro del Interior, su primera medida fue constituirse en Devoto y ordenar la inmediata libertad de toda la población carcelaria, subversivos o comunes.
Ahora, nuevamente se privilegia a los victimarios respecto a las víctimas. De algún modo la historia se repite y sin la intención de replantear la “teoría de los dos demonios” es evidente la parcialidad en la salvaguarda de los derechos humanos y el juzgamiento de quienes los violaron.
Recuerdo un caso que quedó grabado en mi memoria: en 1975, gobierno constitucional de María E. Martínez de Perón, un miembro de una organización subversiva instaló en el bar “EL Ibérico” de la Ciudad Autónoma, un artefacto explosivo, destinado a un comisario de Policía. La explosión mató a una parroquiana y a un trabajador del establecimiento.
Seguramente por alguna interpretación muy particular, las víctimas no estaban alcanzadas por el derecho humano a la vida. Y por nuestro peculiar sistema de premios y castigos, el victimario cobró una suculenta indemnización y fue honrado con el cargo de embajador en España, que creo aún detenta.
Para finalizar, y volviendo al anteproyecto de marras, imagino que no se incluirá un artículo por el cual se exima de prisión a quienes fueran denunciados por enriquecimiento ilícito o por incumplimiento en el ejercicio de sus funciones (jueces incluidos).
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