La carta que la Municipalidad de Junín envió a varios vecinos con el saldo que deben abonar por las obras de repavimentación realizada frente a sus respectivos hogares les cayó a los destinatarios como una bomba.
Con una mezcla de sorpresa y confusión que a la postre derivó en un marcado malestar, hombres y mujeres de distintos barrios expusieron ante Democracia su enojo por el importe que deben abonar y del cual no habían sido prevenidos.
Desde el gobierno local sostienen que el cobro está avalado por la Ley Orgánica de Municipios y por una ordenanza sancionada en 2010. ¿Cómo se explica entonces la indignación de la gente? El funcionario admitió que puede haber fallas en la comunicación de los procedimientos técnicos que se implementan en estos casos.
Desconcierto vecinal
El testimonio de Nelly, una jubilada de calle Edison al 300, es una clara réplica de ese estado de desconcierto: “Me vino una carta donde me dicen que tengo que pagar 2.500 pesos por haber reasfaltado la calle, pero yo vengo pagando en concepto de repavimentación desde la época en que era intendente Abel Miguel. No sé por qué me salen con esto ahora. Ya pedí que en la semana nos reunamos con la gente de la sociedad de fomento para ver de qué manera nos pueden solucionar esto”, expresó la mujer.
Con la voz rasgada por la amargura, Nelly habló de la seguidilla de sinsabores que le tocó vivir en el último mes: “Sobre que cobro muy poco, hace pocas semanas falleció mi marido y ahora me encuentro con esta deuda. Yo sé que una cosa no tiene que ver con la otra, pero entre todo se hace un conjunto muy doloroso”, señaló.
Hugo, otro habitante de barrio “El Molino”, mostró incrédulo el papel donde la comuna lo invita a “acogerse” al plan de pagos para costear los trabajos llevados a cabo en la arteria donde está domiciliado. “No comprendo de qué se trata esto, si estoy con todos mis impuestos al día y eso lo podemos corroborar en cualquier oficina municipal. La tasa por Conservación de la Vía Pública está dentro de esos tributos que tengo saldados por completo y en esa boleta hay una tarifa por repavimentación, así que no sé por qué me quieren cobrar más de 1.700 pesos. Y no soy solamente yo el que está extrañado por esto, en esta cuadra ninguno sabe qué es lo que se nos está queriendo cobrar”, afirmó el hombre, jubilado y con un caudal de recursos mensuales que –según sus palabras- apenas le alcanza “para sobrevivir”.
Todo nervios fue el mensaje de Dante, residente en el barrio 9 de Julio, jefe de familia y padre de tres hijos. “A cada rato aparece una cuenta nueva, no te dejan vivir”, afirmó, para luego agregar que no piensa pagar una boleta más.
“No te pueden venir todos los días con un impuesto nuevo, y sin avisar. Porque pongamos que esto sea lícito y estén en su derecho de cobrarlo, pero no puede haber tanta gente desentendida del asunto. Acá algo anda mal”, razonó Dante.
Por su parte, Victoria, ama de casa domiciliada en la avenida San Martín al 400, dijo que “con este tipo de cosas confirmo cada vez más mi descreimiento en la política”.
“Primero voy a averiguar bien en concepto de qué me quieren cobrar los 1.200 pesos que me notificaron, porque de verdad no estaba enterada de todo esto. Te repito, a mí no me importa quién está en el gobierno, quién es oposición, y no me subo a ningún trencito porque me parecen todos de cuarta, de lo que estoy podrida es de que nos metan la mano en los bolsillos a los ciudadanos”, aseveró Victoria.
La denuncia política
El viernes, Gustavo Traverso –máximo referente del kirchnerismo local en la actualidad y primer candidato a concejal con vistas al 27 de octubre-, había denunciado que él era uno de los damnificados por lo que a su entender es una “doble imposición” realizada por el gobierno de Mario Meoni en la tasa de repavimentación, esto es, cobrándola dos veces (en la boleta del tributo por Conservación de la Vía Pública y en un documento aparte).
Acompañado por los ediles Juan Manuel Sequeira, Virginia González y Carlos Garbe, todos del Frente para la Victoria, Traverso denunció que la comuna aplica una “doble imposición” de tributos y dijo que si su partido consigue los votos necesarios para copar el cuerpo parlamentario, en diciembre derogará la ordenanza fiscal impositiva que, según indicó, le está permitiendo al Departamento Ejecutivo realizar esa maniobra.
Traverso dijo que entre el jueves y el viernes, “innumerables vecinos” fueron a su local partidario y al bloque de concejales para plantear una situación que es “compleja, irregular, y que merece la atención de todos”.
Según especificó, en las últimas horas llegó una comunicación a los domicilios de los lugares donde se repavimentaron las calles durante la campaña electoral de 2011.
“Entre agosto y octubre de ese año hubo una importante puesta en escena, con muchísima obra pública que se llevó adelante hasta el último día previo a los comicios y luego se terminó. Hoy nos encontramos con que facturan la obra, gracias a una ordenanza del año 2010 que faculta al Departamento Ejecutivo a aplicar un decreto para cobrar esos trabajos”, continuó relatando el hombre que se postuló a intendente hace dos años.
Traverso sostuvo que en realidad, el reclamo vecinal “es justo porque con la factura de la tasa de Conservación de la Vía Pública hace quince años que se cobra un importe por repavimentación urbana. Ahora, la pregunta es: sí ese trabajo está dentro de la boleta de CVP, por qué nos lo vuelven a cobrar (dijo que él es uno de los damnificados) e intiman a la gente a acogerse a un plan de pago en cuotas a partir del 1º de septiembre”.
“Esto se considera una doble imposición, algo que se está pagando dos veces. Entendemos que esto debe ser derogado y considerado como pago dentro de la tasa que venimos pagando desde la década del noventa”, señaló.
Traverso se comprometió a derogar esta ordenanza fiscal impositiva sancionada hace tres años y pidió que los cinco millones de pesos que se pretenden recaudar para pagar esa obra sean afrontados por el fisco municipal en función de la tasa de CVP. “Queremos terminar con esta mayoría automática que lo único que hace es desarrollar una política recaudatoria e ingresa en una falta de ética fiscal muy importante”, manifestó.
“Va a pasar lo mismo”
Juan Manuel Sequeira también usó la palabra y vaticinó que dentro de dos años va a ocurrir lo mismo con los trabajos de repavimentación que se están ejecutando ahora. “Lo que pasa es que cuando hay oficialismos con mayoría automática, estas cosas no se discuten porque no tenemos acceso al material para poder debatirlo”, indicó.
Traverso y Sequeira puntualizaron que los barrios a los que llegaron las intimaciones son el 9 de Julio, El Molino, Villa del Carmen y el área centro. “Hay una creencia dentro del Concejo que si vos vivís en el centro, tenés mucho dinero, y no es así. Hay gente que vive en ese sector hace mucho tiempo, hoy son jubilados o pensionados y es muy difícil que puedan seguir pagando, y más una doble imposición”, aseveró el edil de origen socialista.
La explicación de Pinedo
El secretario de Servicios Públicos, Agustín Pinedo, dio su explicación sobre el modo en que se ejecuta el cobro de la repavimentación: “La Ley Orgánica de Municipios de la provincia de Buenos Aires establece que pasados diez años de ejecutada una obra de pavimentación flexible, es posible hacer la obra nuevamente y cobrarla como contribución de mejoras. Esto se efectiviza repartiendo el costo de los trabajos entre los frentistas”, empezó relatando.
Pinedo indicó que en segundo lugar, “hay una ordenanza que (Gustavo) Traverso ni siquiera la leyó y su secuaz, (Juan Manuel) Sequeira, tampoco, con el agravante de que éste era concejal, en una muestra más de que los concejales no leen lo que votan”.
“La ordenanza por contribución de mejoras dice que se le cobrará a los propietarios solamente el cuarenta por ciento del total de la obra, y el sesenta por ciento restante se cubre con una contribución que hacemos todos los vecinos que vivimos en calles de asfalto o mejorado y cuyo importe figura en la boleta de CVP, ya que el pavimento no lo usa el frentista sino que lo utilizamos todos”, prosiguió el funcionario.
Pinedo añadió que se le manda al frentista la liquidación de la obra conforme a los metros de frente que tenga su vivienda y se le brinda la posibilidad de hacer la cancelación en un período de hasta 120 cuotas. “Es decir que quienes opten por adherirse al plazo máximo estarían abonando por mes lo equivalente al precio de una gaseosa”, calculó.
Así las cosas, la pregunta que quedaba flotando y le fue realizada al funcionario es por qué si los procedimientos son legales y transparentes hay tanta confusión en la ciudadanía. “Puede que haya fallas en la comunicación, y si bien esa no es mi área, trataremos de mejorar para evitarle este malestar a la gente”, prometió.
COMENTARIOS