OPINION

Crisis en el biodiésel y una lección para nuestra ciudad

Aprovechando que la Argentina tiene extraordinarias ventajas competitivas para el desarrollo de los biocombustibles, a partir de la sanción de la ley 26.093/06, que estableció el régimen de corte del biodiésel, que en la actualidad llega casi al 10%, el país comenzó a convertirse en líder y ejemplo mundial de la complementación de gasoil con biodiésel renovable.
La Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (ABH) recordó recientemente que “en apenas cinco años, la Argentina se transformó en el mayor exportador mundial de biodiésel, con embarques por más de 2 mil millones de dólares en 2011. Se montó una importantísima capacidad instalada, con inversiones por 1 mil millones de dólares en 30 plantas de gran y mediana escala, altamente competitivas y varias de pequeña escala distribuidas en diversas regiones del país, que en total brindan empleo a unos 6 mil trabajadores, complementando así el complejo sojero, que lidera la nueva industria argentina”.
Hasta acá las buenas noticias. Pero, ¿qué pasó ahora? Como ya nos tiene acostumbrados, pasó que ahora el Gobierno -desesperado por recaudar más dólares de todos los sectores- simultáneamente con una rebaja del 15% del precio interno, no trepidó en aumentar las retenciones del 14 al 24,2%, colocando en crisis no sólo a las 17 plantas productoras de biodiésel, cada una con capacidad para elaborar 50 mil toneladas anuales, y las ocho que están en estado de ejecución avanzada, sino también sus pequeños proveedores, a los que les compran el aceite de soja repartidos en 400 plantas. Algo así como 4 mil puestos de trabajo gracias a los seis años de inversión que supera los 300 millones de dólares.
Las grandes aceiteras si bien no caminan por el borde del abismo como los pequeños elaboradores, dependen de que no se les sigan complicando los mercados de exportación como el europeo o que no se les cierren como el de España, pero los chicos –igual que lo que está ocurriendo con los tambos- pueden desaparecer.
Creo que todos los lectores recordarán que hace un par de años, la Municipalidad de Junín tuvo un insólito proyecto de pedir un crédito para hacer una Planta de Biodiésel en el Parque Industrial, la que según sus impulsores contaría con un laboratorio certificador de calidad, que sería el único del país.
Nosotros como concejales nos opusimos por entender que se trataba de una actividad de riesgo totalmente ajena a la gestión municipal, que se debía dejar a la iniciativa privada. Sin embargo el proyecto, que obstinadamente se impulsaba desde el oficialismo, no cedió ante nuestras argumentaciones, sino que se cayó cuando se pidió un informe al INTI, que le fue totalmente adverso.
Ahora, ante la crisis del sector, que pone en peligro la sobrevivencia de las pequeñas plantas –como iba a ser la de Junín- queda totalmente demostrado que nosotros no nos equivocamos cuando defendíamos el patrimonio de los juninenses que se iba a poner en riesgo en una aventura que podía interesar a algunos particulares –que nunca aparecieron a la luz exponiendo sus capitales-, pero era totalmente ajena al interés público que es nuestra obligación preservar como representantes del pueblo.

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