Luego de la asamblea celebrada en el Club Rivadavia, en donde un amplio espectro institucional y político se pronunció por la inconveniencia de tomar medidas apresuradas con referencia al traslado de la Terminal de Omnibus, su futuro emplazamiento, el destino de su actual predio y qué proyecto se ha planteado –de palabra- para el tipo de construcción a realizar en el mismo, se registraron cambios en la actitud del Gobierno local, a mi modesto juicio, insuficientes.
Ante la andanada de críticas a un proyecto que suena más a negocio “a medida” que a “desarrollo urbano”, contradiciendo lo que especifican las leyes (el Código de Planeamiento Urbano y su referencia- la Ley Provincial de Tierras), el oficialismo dio una marcha atrás parcial, concediendo lo que siempre predica y poco ejerce: la consulta a los expertos y la búsqueda de consensos para definir qué construir y –espero- en dónde emplazar la nueva Terminal.
En concreto, decidieron desdoblar el Proyecto de Ordenanza original dejando su artículo 1° que permite la enajenación (venta) del terreno en donde actualmente está emplazada -la manzana ubicada entre Av. San Martín, Winter, Belgrano y Av. Rivadavia-.
Si no está decidido el futuro emplazamiento de la Terminal y tampoco qué se puede llegar a construir, ¿tiene sentido vender un terreno que, por sus características, es de los más importantes de Junín? Esta maniobra es, a mi juicio, lesiva para el interés de los juninenses, ya que nos crea la sospecha de que esa actitud de “vender las joyas de la abuela” está atada a un tipo de políticas por las que ya hemos pasado y cuyas secuelas aún lamentamos. Una mayoría legislativa otorgada por el voto popular le pondrá legalidad a esta medida. Lo que nunca podrá otorgarle es legitimidad. Pesará sobre las conciencias de muchos concejales que, por obediencia debida, le darán paso a esta irreparable pérdida. Hagamos votos para que la sensatez prime por sobre lo que puede ser un daño Terminal.
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